Costa Rica conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una deuda importante en materia de prevención.
Falta de más programas educativos que instruyan sobre las relaciones de género, carencia de planes de rehabilitación para agresores e insuficientes centros de atención a las víctimas, son parte de la lista de asuntos pendientes.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) solo tiene una oficina, ubicada en San José. En otros cantones, también las municipalidades dan atención.
Aparte, siguen sin solucionar los problemas de constitucionalidad de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Mientras el país se pone al día en esos puntos, la lista de mujeres asesinadas por sus cónyuges, compañeros o exparejas no se detiene. Este año lleva 36 nombres, según el Inamu, tres más que el año pasado.
Entre tanto, el servicio de emergencias 911 reportó 22.925 pedidos de auxilio por agresión intrafamiliar entre el 1. °de enero y el 22 de noviembre.
Yolanda Delgado, directora técnica del Inamu, reconoció la urgencia de mejorar la atención de este problema de salud pública.
“El problema es sociocultural y necesitamos construir mucho en las nuevas generaciones, nuevas relaciones entre los géneros que sean más horizontales y menos controladoras”, afirmó Delgado.
Mayor visión. En esa materia, opinó Delgado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe liderar.
Ante ese desafío, Giselle Cruz Maduro, directora de desarrollo curricular del MEP, explicó que el tema se aborda en la temática sobre paz y convivencia.
Por ejemplo, dijo, dentro de los programas de estudio de Música, Artes Plásticas y Educación Física se incluyen aspectos contra la violencia no solo de género.
El Inamu también abogó por darle una atención en salud comparable a los esfuerzos contra la obesidad o el cáncer de mama.
Lorna Gámez, coordinadora del programa para equidad de género de la Caja Costarricense de Seguro Social, aseguró que es obligación de los centros de salud atender a las víctimas de violencia que se detecten en consultas por otros males.
“La Caja participa en todas las redes de violencia a nivel nacional o psicología. La prevención nos toca a todos, no es solo de salud es cuestión cultural”, afirmó Gámez.
Defectos. También están por corregir los problemas de constitucionalidad de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, del año 2007.
En el 2008, dos artículos fueron declarados inconstitucionales y a pesar de un intento legislativo reciente el defecto no se corrigió.
La semana anterior, el propio fiscal general de la República, Jorge Chavarría, acudió a la Sala Constitucional para cuestionar otra disposición de esa Ley.
Se trata de la norma que sanciona el fraude de simulación contra la conviviente. Ese se castiga con tres años de prisión cuando el Código Penal lo reprime con 10 años.