El Gobierno aguarda únicamente la notificación oficial de la demanda entablada por la empresa Millicom contra el Estado costarricense para desplegar sus primeras acciones de defensa ante una corte distrital estadounidense.
La embajadora nacional en Washington, Sonia Picado, manifestó que en los próximos días -luego de notificada oficialmente la acción judicial- sostendrá reuniones con posibles asesores legales en aquel país para evaluar las posibles opciones ante la acusación por un monto de $400 millones (¢79.600 millones).
Picado explicó que el escrito de la demanda no será remitido a la Embajada en Estados Unidos, sino directamente al canciller costarricense, Fernando Naranjo, a través de una oficina de abogados norteamericana o de algún funcionario judicial que designe la Corte distrital de Washington.
Según la representante diplomática, habrá que establecer una constante coordinación entre la Procuraduría General de la República -que funge como representante legal del Estado- el Instituto Costarricense de Electricidad y la firma de abogados que asuma el caso en Estados Unidos.
Aunque las operaciones de la empresa Millicom que ahora están en disputa se llevaron a cabo en Costa Rica, la demanda fue planteada ante una instancia judicial norteamericana.
Pero Picado explicó que el país podrá barajar la posibilidad de alegar que los tribunales de justicia locales son los competentes para llevar adelante el caso.
El país tendrá un plazo de 60 días, después de notificado, para responder a la demanda planteada por esa empresa.
En el misterio
Mientras eso sucede en la capital norteamericana, en San José el paradero de un informe que realizó el Ministerio Público sobre el permiso que otorgó el Poder Ejecutivo en 1987 para la explotación privada de la telefonía celular se convirtió en un verdadero misterio.
En mayo de 1995 esa dependencia judicial ordenó una investigación, la cual estuvo a cargo de fiscal Jorge Segura, que pretendía determinar la presunta existencia de actuaciones anómalas de diversos funcionarios en este caso.
La Nación intentó conocer el resultado de esa investigación; empero, el fiscal general de la República, Carlos Arias Nuñez, respondió por escrito que el informe estaba concluido y que toda la información con respecto a este caso fue remitida al Juzgado Sexto de Instrucción para que este tomara las medidas pertinentes.
En este último despacho aseguraron, inicialmente, que cualquier información solo podía ser consultada a través del Departamento de Información de la Corte Suprema de Justicia.
Realizada la gestión respectiva, el Juzgado en cuestión respondió que el único expediente que tiene en su poder relacionado con telefonía celular es una acción planteada por la empresa Costa Rica Celular contra Greivin Silvestre Guevara por el delito de uso de documento falso y estafa.
Espinoso trayecto
El siguiente es un recuento de la forma como la empresa Millicom comenzó a operar en el país y el proceso que siguió hasta la clausura de sus actividades:
-1983: El ICE inicia los estudios de factibilidad para determinar la forma de introducir la telefonía celular.
-Setiembre de 1985: La Contraloría advierte al ICE que la prestación del servicio de telefonía celular no puede cederse a empresas privadas, salvo que una nueva ley lo autorice.
-Agosto de 1987: Warren Murillo, jefe de la oficina de Control de Radio del Ministerio de Gobernación autoriza el uso de frecuencias estatales a la empresa Comunicaciones Celulares -luego cedidas a Millicom- con el aval del Departamento de Telecomunicaciones del ICE.
-Setiembre de 1988: La Dirección General de Industrias, dependencia gubernamental, garantiza a la embajada de Estados Unidos que no existen impedimentos legales para que Millicom opere en el país.
-Noviembre de 1988: La Dirección de Servicio al Cliente del ICE falicita a Millicom un sistema denominado Discado Originado Directo, pese a que la gestión no fue aprobada por el SNE.
-Noviembre de 1990: El entonces ministro de Gobernación, Luis Fishamn, avala un informe de la Oficina de Control de Radio y asegura que las frecuencias otorgadas a una empresa privada son las normales de un sistema de comunicación.
-Junio de 1991: La Contraloría cuestiona en un dictamen la concesión otorgada a Millicom.
-Octubre de 1993: La Sala IV declara con lugar dos acciones de inconstitucionalidad planteadas contra las operaciones de la empresa Millicom en Costa Rica.
-Mayo de 1995: El ICE procede a la desconexión de los equipos de la empresa Millicom, y de inmediato se anuncia la posibilidad de que esa empresa demande al país por los daños y perjuicios ocasionados.