El país pagará cerca de $200 millones de más por la construcción de la vía a Caldera, afirmó ayer Stephan Brunner Neibig, exgerente de ese proyecto para el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
La estimación la dio Brunner en su comparecencia ante la Comisión Especial de Concesiones de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el exgerente, el sobreprecio se debe a que, antes de la construcción de la ruta, hubo constantes aumentos en el cálculo de las tarifas de peaje que la empresa encargada de la obra cobraría a los usuarios.
También incide en el sobreprecio –según Brunner– la variación de las tasas de interés en el momento en que la Contraloría General de la República hizo el primer addendum al contrato.
Sobre ese particular, en la tarde de ayer la concesionaria Autopistas del Sol envió una nota para expresar que “no se varió la estructura tarifaria” del contrato.
Más dinero. La exposición de Brunner ante los diputados se centró en explicar por qué el Estado pagará alrededor de $200 millones de más por la ruta 27.
“La oferta original para todo el proyecto era de $212 millones. De ese dinero, $131 eran para obra civil (planos, construcción de la vía, peajes, etc.) y los $80 millones restantes cubrirían montos como $20 millones para imprevistos, $10 millones de utilidades y otros rubros.
“Ese 60% ($80 millones) sobre la obra civil ya hacía la oferta bastante cara”, dijo Brunner.
Sin embargo, según el exgerente, lo que más incidió en la elevación del costo final de la obra –cuya estimación alcanza hoy día $376 millones– fue el cambio en el cálculo de las tasas de interés.
“Se pasó de una tasa de descuento variable a una tasa fija”, afirmó Brunner, quien señaló que en aquella ocasión (el año 2000) la tasa la fijaron en 13,86% y, meses después, se estableció en 11,86%.
Esa tasa es más alta con respecto a la que tiene Autopistas del Sol con sus acreedores, lo cual va en detrimento de los intereses del país, planteó el exgerente del CNC.
No a multas. En otro tema, Brunner dijo que la carretera debía estar lista en febrero del 2007 y, aunque eso no sucedió, la ministra de Transportes, Karla González, no quiso que se cobraran las multas.
“Básicamente, ella decía que eso (el atraso) era más un mecanismo de negociación y no había que verlo como algo contractualmente vinculante”, aseveró el exgerente.
Consultada hace cuatro días, la exministra dijo que el cobro del peaje no se debió autorizar desde que la vía presentó fallas.