El Gobierno procura convencer a la comunidad internacional de que el rompimiento con Millicom, lejos de ser una mala señal para los inversionistas extranjeros, es una garantía del respeto nacional a la legalidad y al ordenamiento jurídico.
El canciller Fernando Naranjo se reunió ayer con todos los embajadores acreditados en el país para explicarles las razones por las cuales el Poder Ejecutivo rompió las negociaciones con la compañía Millicom, de capital estadounidense.
La cita se efectuó a las 11:00 a.m. en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por orden del presidente José María Figueres.
Esta fue la primera de una serie de acciones para mitigar el efecto negativo que tendría sobre potenciales inversionistas el descalabro de las conversaciones con Millicom, y evitar la imposición de represalias comerciales por parte de los Estados Unidos.
"Les manifestamos que este país es respetuoso de su Constitución Política, de las instancias judiciales y del ordenamiento jurídico. Es por eso que Costa Rica ha recibido por muchos años inversiones extranjeras", afirmó el Canciller.
El jefe de la diplomacia nacional insistió en que el fin de las discusiones con Millicom obedeció al interés gubernamental de acatar en todos sus extremos el fallo de la Sala IV, que ordenó la suspensión de los servicios de esa compañía.
El miércoles, Naranjo recibió al embajador de los Estados Unidos, Peter Jon de Vos, para exponerle los argumentos costarricenses. Según el Canciller, el emisario norteamericano se mostró "receptivo".
El Gobierno costarricense confía en que Estados Unidos no excluya a Costa Rica de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ni imponga otros castigos, con las cuales habría amenazado al país de no llegarse a un acuerdo favorable.
"Sería muy doloroso para un país pequeño que cumple con su Constitución y obedece un fallo judicial recibir represalias comerciales", destacó el Ministro.
Precisamente para evitar esa posibilidad Costa Rica enviará en los próximos días una misión de alto nivel a Washington para explicar la decisión nacional al Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y ante miembros del sector comercial y del Senado.
Aún no se sabe cuándo saldrá ni quiénes la integrarán.
Por el momento, Millicom no ha pedido una indemnización al Estado, pero, en caso de un reclamo, la administración Figueres sometería el caso a un arbitraje ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI) del Banco Mundial.
Uno de los principales socios de Millicom es el Banco Mundial, que incluso mantiene abierta con esa firma una línea de crédito por $6 millones. Naranjo enfatizó que ese hecho no compromete la imparcialidad de una entidad internacional como el CIADRI.