Con tres citas marcadas en la agenda de funcionarios de Gobierno, 200 pobladores del Caribe norte y sur dejaron las instalaciones de la Contraloría General de la República, tras 24 horas de ocupación.
Estas personas durmieron en el edificio, ubicado en Sabana Sur, como medida de presión para evitar que los desalojen de los terrenos que habitan.
Luego de varias negociaciones con el Poder Ejecutivo, los vecinos de Talamanca, Sixaola, Guápiles y las cercanías de isla Calero lograron concertar reuniones para la próxima semana en la Casa Presidencial, en Zapote.
Pablo Bustamante, representante de los quejosos, informó ayer de que la primera cita se fijó para el 23 de febrero en San José. Posteriormente, varios ministros los visitarán en Limón el 28 del mismo mes.
El último encuentro se realizaría a finales de marzo, de nuevo en San José.
“En Manzanillo ya tenemos varios juicios para el desalojo de casas, pero venimos a hablar. Eso sí, apenas inicien las demoliciones sería una guerra y no la queremos así”, sostuvo Bustamante.
Mireya Zamora, diputada del Movimiento Libertario y quien apoyó al grupo, dijo que solicitaría a los tres poderes de la República conformar una comisión mixta para tratar el tema.
“Queremos una comisión que vea los legítimos derechos de las personas que viven en la milla fronteriza y que se detengan las expropiaciones”, expresó.
La toma de las instalaciones del ente contralor obligó a movilizar un gran contingente de oficiales de la Fuerza Pública. Además, impidió a la institución operar durante dos días.