Las 22 municipalidades que tienen playas no deberán pedir a la Dirección General de Tributación que haga el avalúo de una propiedad para otorgarla en concesión.
Ahora, el canon o impuesto por el uso de la tierra situada frente al mar lo definirá el propio ayuntamiento, según el decreto número 37.278 publicado en La Gaceta del pasado viernes.
Para ello, el municipio debe tener a un ingeniero civil, arquitecto, agrónomo o topógrafo para que determine el valor de la parcela de la zona marítimo-terrestre. Si no contase con uno de esos profesionales en su planilla, puede solicitar colaboración a otro municipio.
Juan Rafael Marín, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), anunció que capacitarán a esos gobiernos locales para que utilicen la misma metodología de la Dirección General de Tributación.
La ventaja, explicó Marín, es que ahora el proceso se hará con mayor celeridad, lo que permitirá que ingrese más dinero a las arcas municipales.
“Se ha hecho una presa en Tributación y hay una afectación porque no pueden otorgarse concesiones, o porque los avalúos vencen (tienen cinco años de vigencia) y los municipios cobran así con valores atrasados”, aseveró Marín.
El funcionario citó que solo la Municipalidad de Santa Cruz espera la resolución de unos 300 avalúos, mientras que la de Nandayure aguarda por 400. Ambas están en la provincia de Guanacaste.
Frente al mar. La zona marítimo-terrestre corresponde a los 200 metros de playa que se ubican a partir de la línea de pleamar (punto donde finaliza la creciente del mar).
Se divide en dos partes. La primera corresponde a los 50 metros públicos que no pueden ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso.
También están los 150 metros restantes, que los ayuntamientos pueden otorgar en concesión para diversas actividades, como la turística o la habitacional, según lo determine un plan regulador.
Eso sí, los concesionarios no pueden impedir el ingreso a la zona pública ni tampoco pueden vender el área a su cargo porque la tierra sigue perteneciendo al Estado.
Las costas de Costa Rica miden unos 1.466 kilómetros de longitud, de los cuales, 1.254 se encuentran ante el océano Pacífico. Están protegidas desde el 28 de junio de 1828.
No obstante, los problemas en esas zonas son muy frecuentes debido a muchas construcciones ilegales o la molestia de algunas comunidades por las concesiones que avala el gobierno local.