Una construcción nueva, valorada en unos de ¢50 millones, quedará totalmente demolida la próxima semana luego de que la maquinaria de la Municipalidad de Desamparados comenzó a destruirla por falta de permisos y por haber sido levantada en una zona de taludes.
Se trata de una edificación de aproximadamente 250 metros cuadrados, ubicada en la urbanización Cerámica Poás, en Calle Fallas, que constaba de dos plantas con tres apartamentos y sus respectivas cocheras, cuya demolición comenzó ayer jueves.
A los responsables de esa propiedad, cuyos nombres no trascendieron, la municipalidad les notificó sobre la ilegalidad en diciembre del 2013, pues no contaban con los respectivos permisos de construcción.
De igual manera, se determinó que la construcción se levantó en una zona donde se violaron los límites de la propiedad y se extendió a un área municipal donde no se permite construcción alguna, por ser una zona de taludes.
Los propietarios apelaron las resoluciones de la Municipalidad con un recurso de revocatoria que fue rechazado. El proceso se elevó después a la alcaldía municipal para que se reconociera el recurso de apelación, pero la iniciativa también fue rechazada.
La última resolución de la Alcaldía fue recurrida por ellos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que al final le dio la razón al Municipio.
A pesar de la advertencia realizada, los apartamentos se concluyeron y fueron habilitados de forma que las familias que vivían en ellos tuvieron que desalojarlos días atrás.
De acuerdo con el coordinador municipal de control urbano Gustavo Zeledón, los materiales rescatables se le devolverán al propietario, quien deberá disponer de una bodega para almacenarlos, pero no podrá construir en ese sitio.
La semana pasada se recibió en la municipalidad la resolución del Tribunal Contencioso confirmando la actuación de la Municipalidad, por lo que se procedió de inmediato a ejecutar la demolición.
Además de un incumplimiento urbano, se dio una invasión a una propiedad pública.
Todos los escombros serán removidos con retroexcavadores y personal de la Municipalidad.
Actualmente el departamento de Control Urbano tiene en trámite 350 casos de construcciones que no están a derecho y, aunque no son tan grandes como la que se está demoliendo, también tienen un costo millonario.