Cuatro empresas de telecomunicaciones denunciadas por incurrir en una práctica anticompetitiva, deberán pagar cada una ¢119 millones, de acuerdo con lo determinado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Las firmas sancionadas son: Ericsson de Costa Rica S. A., Huawei Technologies Costa Rica S. A., Continex Continental Importación y Exportación S. A. y Nokia Siemens Networks Costa Rica S.A.
Según anunció Coprocom, estas sociedades provocaron una “licitación colusoria”; es decir, acordaron la abstención para el concurso en una contratación administrativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), si no se modificaban las condiciones del cartel.
Según la directora ejecutiva de la Comisión, Ana Victoria Velásquez, esta es una acción para forzar al ICE a mejorar las rentas y beneficios del contrato.
Estas prácticas, de acuerdo con la Ley N.° 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, son prohibidas y sancionadas con multas.
Además, este órgano condenó a pagar una multa de ¢13 millones a los representantes de tres de las empresas mencionadas.
El dinero recaudado irá a parar a la caja única del Estado, no a la institución que se vio lesionada –ICE–, apuntó Velásquez.
Sin embargo, esta no es una sanción en firme y las empresas podrán presentar a lo largo de esta semana los recursos de reposición ante la Comisión.
Sin comentarios. Por su parte, el ICE no quiso hacer ninguna declaración al respecto.
Mientras tanto, dos de las cuatro empresas denunciadas, Ericsson y Nokia Siemens, dijeron a La Nación que tampoco emitirían ningún comentario.
Las otras dos, Huawei Technologies y Continex Continental, ni siquiera ofrecieron una respuesta.
El origen del caso se remonta al 2008, durante el proceso de contratación directa de un sistema inalámbrico de tercera generación, conocido como “Proyecto Sistema Móvil Avanzado”, en el cual se interesaron ocho compañías.
El ICE denunció la conducta de las empresas ahora sancionadas, luego de que manifestaron en una nota conjunta la imposibilidad de ofertar si no se modificaban los términos de la contratación directa.