Los jerarcas del MOPT y de Racsa rechazaron las críticas y cuestionamientos por el contrato para instalar 600 cámaras en 150 sitios de las principales carreteras nacionales.
El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez, y el gerente de Radiográfica Costarricense (Racsa), Alberto Bermúdez, defendieron la legalidad de lo actuado.
El tema incluso será indagado en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, según confirmó anoche su presidenta, la diputada libertaria Marielos Alfaro.
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) estableció un convenio con la subsidiaria del ICE para que se hiciera cargo de la instalación de las cámaras, mantenimiento, procesamiento de la información y notificación de los partes.
Por esos servicios el Cosevi le pagará el equivalente al 15% de los ingresos por concepto de multas.
Al tratarse de un convenio con una empresa pública no medió concurso ni se requirió refrendo por parte de la Contraloría General.
Sin embargo, Racsa cedió la mayor parte del negocio al consorcio conformado por la empresa costarricense Servicios de Seguridad y Gestión Vial (SSGV) y la compañía brasileña Engebras. Esta última es la especializada en el tema de cámaras de vigilancia de carreteras.
Dicho consorcio asumirá la parte fuerte de las inversiones, costos de operación y mantenimiento, así como el 75% de las utilidades.
De acuerdo con un informe emitido por Racsa sobre las proyecciones del negocio, del que La Nación tiene copia, en el primer año de operación de las cámaras se generaría una utilidad neta de $9 millones, de los cuales $7 millones son para el Consorcio y $2 millones para Radiográfica.
No obstante, según Bermúdez, en la medida en que aumente la cantidad de partes, la participación de Racsa en el procesamiento de los datos y notificación será mayor y, por tanto, subirá su porcentaje de utilidad. Incluso, podría ser 50%.
¿Por qué se contrató a Racsa y no al consorcio privado?
Un atajo. El ministro Jiménez dijo que recurrieron a Racsa porque la Ley de Fortalecimiento le permite a esa empresa contratar con quien sea. “Es un atajo que la ley le da a Racsa, y la ley me obliga a recurrir en primera instancia a una institución del Estado”, agregó.
El ministro reconoció que la suspensión en el cobro de las multas y la intención de reducirlas a solo ¢47.000 ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema, aunque así lo asumió Racsa.
Bermúdez defendió las herramientas que la ley le dio a Racsa para asociarse con la firma que mejor le convenga para desarrollar sus negocios, como en este caso, sin necesidad de un concurso público.