La renovación de 160 rutas de autobús deberá tomar en cuenta la opinión de los usuarios. Esa fue la orden girada ayer por el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) al MOPT para la actualización de tales concesiones.
La resolución del Tribunal anuló además el proceso de renovación de esas autorizaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había concluido en febrero.
El Consejo de Transporte Público (CTP), ente adscrito al Ministerio, deberá emprender ahora un nuevo procedimiento en el que incluya los criterios de los ciudadanos sobre la calidad del servicio de bus que reciben.
Carlos Portugués, juez del TAT, comentó que el criterio emitido responde a que “el CTP dejó indefensos a los usuarios al no participarlos en la renovación de las concesiones”.
Lo resuelto ayer por la dependencia administrativa responde a una solicitud de medida cautelar presentada por la Defensoría de los Habitantes en enero y acogida por el TAT el mes pasado. En esa gestión, se pidió que se revisaran las condiciones en que se prorrogarían las autorizaciones y se evaluara la calidad del servicio tomando el parecer de los usuarios.
Ahora el MOPT está en aprietos debido a que las concesiones actuales vencen en setiembre.
Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, informó a los empresarios de buses sobre la decisión del Tribunal en una reunión sostenida en San Pedro (Montes de Oca).
El funcionario aseguró que, de llegar setiembre sin una solución, las empresas operarán por medio de un permiso temporal que ya fue aprobado por el CTP en julio.
“Tengo que leer la resolución del TAT para ver qué acciones vamos a emprender. Lo ideal es contar con un arreglo antes de setiembre”, manifestó Urbina.
Preocupados. Los empresarios de buses externaron ayer su preocupación, aunque aseguraron que por ahora no harán paros ni protestas en las calles. La prioridad será el diálogo para resolver la situación.
La medida inicial adoptada por los concesionarios de las rutas fue formar una comisión con los jerarcas del MOPT. El primer encuentro sería la próxima semana.
Orlando Ramírez, autobusero de varias rutas del este de la capital, comentó que paralizar el servicio y manifestarse en las calles serían las últimas medidas a considerar, aunque no las descartan.
“Ya acordamos con el viceministro una comisión de diálogo para atender esta situación de emergencia. Estamos en una carrera contra el tiempo”, dijo Ramírez.
El Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), Enrique Muñoz, se abstuvo de pronunciarse sobre el fallo porque no lo conoce.
No obstante, insistió en que es un espacio que pueden aprovechar las autoridades para modernizar el servicio de autobuses y garantizar así un mejor servicio.