El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, aseguró que durante esta Administración no se permitirá que los parques nacionales y reservas biológicas sean explotadas para el aprovechamiento de agua para consumo humano.
La afirmación del jerarca se dio luego de que grupos ambientalistas mostraran su preocupación por la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado”, aprobada la semana pasada en segundo debate.
Dicha normativa establece en su primer artículo que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá autorizar la extracción de agua proveniente de fuentes superficiales, así como la construcción, operación, mantenimiento y mejoras de los sistemas de abastecimiento que se encuentren dentro de un área silvestre protegida “cualquiera que sea su categoría”.
Sin embargo, para esto el proyecto deberá ser declarado por el Poder Ejecutivo como de interés público.
“En nuestra administración, no vamos a abrir los parques nacionales y reservas biológicas a este tipo de proyectos”, afirmó el jerarca.
En un documento firmado por representantes de organizaciones como Preserve Planet, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Fundación Promar y Sea Shepherd Costa Rica, entre otros, los ambientalistas señalaban una serie de preocupaciones con respecto a la iniciativa, pues consideran que otorgar permisos para proyectos de infraestructura de acueductos de gran escala dentro de parques nacionales y reservas biológicas resulta “altamente dañino y peligroso”.
Además, afirmaban que la ahora ley autoriza disminuir los parques nacionales y reservas biológicas al desafectarlas o separar secciones de estas “sin ninguna consideración de las características ecológicas” de estas áreas.
El ministro de Ambiente aseguró que la gran mayoría de proyectos que están pendientes de poder extraer agua en reservas y zonas protectoras, actualmente están en propiedad privada.
“Así que no estamos en peligro y no vamos a poner en peligro los parques nacionales, porque hay suficiente agua en las otras áreas protegidas que no son patrimonio del Estado”, dijo.
Innecesaria
De acuerdo con Rodríguez, a su criterio, la legislación no era necesaria, pues durante años las áreas silvestres protegidas han sido claves en el suministro de agua, no solo para consumo, sino para generación eléctrica y para el sector agrícola.
Sin embargo, se trata de áreas que no son propiedad del Estado, por lo que se dio una interpretación errónea de la Ley Forestal, en la que se impedía aprovechar los recursos en aquellas áreas consideradas patrimonio natural del Estado.
“Más de la mitad de las áreas silvestres protegidas son privadas, no son patrimonio natural del Estado, por tanto no se aplica (...); ahí radica el error que se ha cometido desde hace unos años para acá, porque en el pasado esa interpretación no existía.
"La ley no era necesaria porque sí se puede acceder, como lo hemos hecho a lo largo de las décadas, al agua de las áreas protegidas fuera de los parques nacionales y reservas biológicas”, explicó.
Según dijo, lo que correspondía era realizar una aclaración por parte del ministro de Ambiente, como rector del sector hídrico.
“No se hizo y se aceptó una interpretación de la Procuraduría que yo pongo en duda”, afirmó.
Comunidades serán las más beneficiadas
Con la aprobación de la ley, varias comunidades que durante años han enfrentado problemas de agua, por fin verían una solución.
Se trata de sectores ubicados en Coto Brus y Osa (Puntarenas), Pococí (Limón), Grecia (Alajuela), entre otros, en donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no podía completar proyectos pues, al adquirir terrenos donde se encuentran fuentes de agua, inmediatamente estos se convertían en patrimonio natural del Estado.
Esta situación se presentaba debido a que la Ley Forestal, que entró a regir en 1996, establece que todos los bosques y terrenos forestales que pertenezcan a instituciones autónomas adquieren dicha categoría.
Según la misma legislación, en ese tipo de propiedades solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo.
LEA MÁS: Contradicción entre leyes impide a AyA desarrollar proyectos para llevar agua a comunidades
Eso dejaba por fuera la infraestructura y el aprovechamiento del agua que esté en esas zonas, aun cuando sea para cubrir las necesidades de la población.
En la nueva legislación, se hace una reforma al artículo 18 de la Ley Forestal, con el fin de que se avalen las labores para el aprovechamiento de agua para consumo humano.
Según la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, la nueva normativa les permitió dar orden de inicio inmediato al proyecto Tacares, en el que únicamente faltaba concluir obras dentro del parque Los Chorros, terrenos que la institución había adquirido para llevar agua a varias comunidades de Atenas, Alajuela.
LEA MÁS: Atenienses se enferman por falta de agua potable
Otra de las zonas donde arrancarán obras es en Pococí, en donde las fuentes de agua se encuentran dentro de un área de protección que actualmente es privada y que, según Astorga, el AyA no había adquirido a causa de la inseguridad jurídica que existía.
Lo mismo ocurre en el cantón de Coto Brus y el proyecto de ampliación del acueducto metropolitano, el cual traería agua desde el río Macho, que tiene una zona ubicada dentro del parque La Carpintera, en La Unión de Cartago.
La jerarca aseguró que la construcción de obras como acueductos o tomas de captación no son invasivas y no provocan la reducción de áreas consideradas como patrimonio del Estado.
Astorga agregó que esto también le permitirá a las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), así como a acueductos municipales, completar proyectos que tenían pendientes para llevar agua a decenas de comunidades en todo el país.