El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desconectó esta medianoche los equipos de la compañía de telefonía celular Millicom de Costa Rica, al acatar un fallo emitido en octubre de 1993 por la Sala Constitucional, que declaró ilegal la explotación privada de esa actividad.
La orden del ICE fue ejecutada horas después que la Contraloría General de la República rechazó la firma de un contrato propuesto por el Gobierno, mediante el cual se pretendía que Radiográfica Costarricense (RACSA) asumiera en arrendamiento, a partir de ayer, la infraestructura de Millicom. Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, explicó anoche que por el momento la situación de los 4.000 abonados de Millicom -subsidiaria de la transnacional estadounidense Millicom International- es responsabilidad de la compañía.
No obstante, adelantó que se estudia la posibilidad de que sean integrados con prioridad al sistema celular del ICE, aunque no está definido a partir de cuándo sucederá esto. Este criterio es compartido por los dirigentes de las organizaciones sindicales de la entidad, quienes pidieron que se busque una solución para los abonados de Millicom en un plazo no mayor de 15 días.
Elizabeth Mckey, agregada de prensa de la legación de Estados Unidos, evitó anoche adelantar criterio. "No tenemos comunicación oficial. Nuestra Embajada prefiere esperar hasta mañana (hoy para los lectores) para emitir su posición", dijo.
El 11 de enero pasado el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, aceptó la existencia de presiones del Gobierno estadounidense para lograr una solución al problema.
La aplicación de la enmienda Hickenlooper es una de las amenazas más graves sugeridas por Washington, según reveló el funcionario en esa ocasión. La invocación de ese recurso bloqueará préstamos destinados a Costa Rica provenientes de organismos financieros internacionales.
Oreamuno Blanco explicó ayer, a las 8:10 p.m., que si el pronunciamiento de la Contraloría era negativo, el Gobierno procurará elevar el conflicto a un proceso de arbitraje internacional, en el cual se decidiría si procede una indemnización a la empresa Millicom, que entró al mercado costarricense en 1987.
Pese a la desconexión de los equipos de Millicom y al dictamen negativo del organismo contralor, tanto el Frente de Organizaciones Laborales del ICE (FOL) como la Asociación de Empleados del ICE (ASDEICE) manifestaron que continuaran con el movimiento de huelga convocado desde ayer.
Aunque sumidas en una fuerte pugna, las dirigencias de ambos organizaciones gremiales explicaron que mantendrán las medidas de presión hasta que el Poder Ejecutivo garantice condiciones legales para que ni Millicom ni otra compañía privada incursionen, en el futuro, en el mercado de la telefonía celular.
La protesta de ayer -según información suministrada por los sindicatos- alcanzó al 90 por ciento de una planilla de 10.000 empleados.
El pronunciamiento
El contralor de la República, Samuel Hidalgo, explicó que el contrato entre RACSA -subsidiaria del ICE- y Millicom no fue avalado, debido a que confunde conceptos de arrendamiento con elementos de coadministración.
Manifestó que solo se le hubiera podido dar luz verde si el documento en cuestión hubiera sido un "contrato de arrendamiento químicamente puro". Eso significa que no otorgue facultades administrativas a Millicom.
"Tiene una serie de defectos. Mezcla conceptos que hacen que su interpretación pueda conducir a entender que no se trata de un contrato de arrendamiento, sino de una coadministración entre Millicom y RACSA, lo cual, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, no es posible. Mientras las cosas no se pongan en orden, la Contraloría no puede avalar este tipo de convenio", agregó.
Como ejemplo de lo anterior, señaló que a la hora de administrar el sistema, RACSA comparte algunas disposiciones con Millicom en cuanto a la solución de problemas de la ejecución del contrato.
El pasado viernes 5 de mayo, la Procuraduría General de la República emitió una opinión jurídica no vinculante, en la cual determinó que RACSA sí estaba autorizada para operar servicios de telefonía celular, pero objetó que parte del pago por el arrendamiento se efectúe mediante un porcentaje de los ingresos que se obtengan de la operación del servicio.
Advirtió, además, que el contrato entre RACSA y Millicom, para que sea jurídicamente aceptable, debe garantizar que la escogencia de la empresa arrendante se haga con base en criterios de calidad y buenos precios "para evitar la exclusividad injustificada".
-Colaboró con esta información José David Guevara, redactor de La Nación.
Confusiones inadmisibles
La confusión entre la figura de arrendamiento y coadministración, o alianza estratégica, es la principal de 18 objeciones hechas por la Contraloría General de la República al proyecto de contrato entre RACSA y MILLICOM.
Para el contralor general, Samuel Hidalgo, solo es posible avalar un contrato de arrendamiento "quimicamente puro" donde la transnacional no participe de la administración del servicio. Pero eso no es así en el documento redactado por ambas firmas Por ejemplo, el contrato establece que RACSA está obligada a adquirir todos los equipos que Millicom decida comprar. Esto crea el fenómeno de que RACSA desde un principio no sabe qué es lo que va a tener que adquirir al final del contrato. En cuanto a la distribución de las ganancias, el procedimiento no es ilegal, según la contraloría; excepto que no hay estudios que señalen con claridad que el pago con el 66 por ciento de las ganancias sea el adecuado. Pero una opinión jurídica de la Procuraduría General, emitida el viernes pasado, objeta que el pago por el alquiler de los equipos sea un porcentaje de las ganancias obtenidas por RACSA, pues "distorsiona la figura contractual del arrendamiento" pues no solo se paga por el uso de un bien, sino también por la actividad que se realice con el mismo. No obstante confirmó que RACSA sí está autorizada para operar servicios de telefonía celular.
¿Y ahora qué?
El Estado costarricense quedó expuesto, en el peor de los casos, a ser víctima de sanciones comerciales de los Estados Unidos, pero también podría verse obligado a pagar una indemnización multimillonaria a Millicom y tener que iniciar un proceso de arbitraje internacional.
Según el vicepresidente Rodrigo Oreamuno, la Embajada de Estados Unidos en San José ha presionado al Poder Ejecutivo para buscar una salida favorable al problema, o, de lo contrario, ser víctima de la aplicación de la enmienda Hickenlooper.
Este instrumento del Congreso estadounidense bloquea el apoyo de esa nación a créditos multilaterales, y ayudas y beneficios bilaterales, a países que afecten intereses comerciales de empresas norteamericanas.
Uno de los primeros efectos podría ser la exclusión de Costa Rica de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, lo cual incrementaría los impuestos para la exportación de productos costarricenses a ese país, lo cual les restaría competitividad.
Pero el Gobierno de Costa Rica confía en que Estados Unidos no concrete sus amenazas.
Quedan otras opciones. Ante el rechazo de la Contraloría a los términos del contrato, el Gobierno podría pedir a Millicom volver a negociar un acuerdo, pero esa empresa queda en libertad de demandar una indemnización al Estado.
"Si Milicom en estos momentos decide retirarse de las negociaciones, entenderemos que sus razones son válidas porque el país no pudo tener una opinión antes de la fecha fijada para la desconexión", manifestó Oreamuno, anoche a las 8:15 pm., una hora antes que se conociera la negativa de la Contraloría.
Si se presenta este escenario, el Estado reconocerá que debe cancelar una indemnización, cuyo monto aún no ha sido estimado, pero elevará el caso a un arbitraje internacional.
Ese tribunal decidiría cuánto deberá pagar el país a la empresa multinacional. El jurado deberá estar integrado por tres juristas de reconocido prestigio internacional, que no sean ciudadanos ni de Costa Rica ni de Estados Unidos.