Menos papel y más árboles en pie: así se puede resumir el beneficio ambiental de las compras públicas mediante sistemas digitales.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, sustituir el sistema de adquisiciones en papel por uno digital en 14 instituciones estatales implicaría salvar alrededor de 600 árboles.
Esas entidades generarían anualmente 69.000 trámites de contratación que consumirían unas 13.800 resmas de papel.
La plataforma electrónica reduce esas miles de hojas y estantes llenos de archivos a un clic.
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ya logró digitalizar todas sus contrataciones y contabilizó la economía en papel.
Esa institución tiene un presupuesto anual de compras por unos ¢3.500 millones, sin incluir las contrataciones de bienes y servicios en el extranjero.
A hoy ha colocado en procesos de contratación por medio de Mer-Link por ¢1.296 millones.
El consumo promedio de papel pasó de 340 resmas mensuales a 176; es decir, 164 menos.
“Es importante señalar el impacto positivo que ha tenido solo con la implementación del sistema Mer-Link. Se está trabajando en conjunto con el Gobierno Digital en la implementación de otros sistemas cero papel”, manifestó Miguel Zaldívar, proveedor del ICT.
Menos archivos. Javier Iglesias, encargado de compras del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, agregó que al ahorro en papel se debe agregar el de espacio físico.
“El metro cuadrado promedio en un oficentro cuesta como $20 y cuánto espacio se ocupa para tener archivos. Al final, al digitalizar los trámites, se ahorra un montón de plata”, comentó Iglesias.
Con Mer-Link todos esos archivos ahora están en forma digital en los servidores de Gobierno Digital.
Otras economías asociadas a la digitalización de las compras, y que aún no se han cuantificado están relacionadas, son tintas para la impresión y fotocopiado de expedientes de compras, así como los traslados de una oficina a otra.
Tampoco se han cuantificado los ahorros en tiempo de los funcionarios dedicados a estos trámites, combustibles y mensajería para el traslado de expedientes.
Las entidades que optan por este mecanismo también se economizan tener que desarrollar y mantener sistemas electrónicos de compras, lo cual implica pago de licencias, servidores y soporte técnico, entre otros.