Después de que se le escapó la primera lágrima, a Sonia Chaves se le hizo difícil mantener la compostura. Sonrió cuando habló de Oso y Muñeca, dos zaguates pequeños que la siguen por todas partes. También intentó hacerlo al recibir un cumplido sobre Alfredo, su nieto de cuatro años, pero de prisa se agobió y se anegaron nuevamente sus ojos.
No es que a Sonia le moleste, a sus 43 años, hacerse cargo de siete, entre hijos y nietos. Tampoco se queja de que cinco de ellos, incluido Alfredo, tengan retardo mental y dependan de ella.
Es que se le hace un vacío en el estómago al imaginar qué sería de ellos si se complicara su mal de corazón, o si la muerte le llegara temprano a Ríchard, su marido, quien sostiene el hogar de nueve a punta de esfuerzo.
En una buena semana, eso equivale a ¢60.000. En otras ocasiones solo llegan ¢45.000.
“Yo quisiera poder trabajar, pero, ¿cómo hago?”, pregunta Sonia, afligida, al reposar en una grada de su casa.
Hace 13 años vive ahí, en Trópico 2, un asentamiento de barrio San José, Alajuela, que colinda con El Infiernillo.
El menor de sus hijos, Carlos Alberto, tiene 16 años y con el sexto grado completo. Es el más estudiado de la familia. Recién se salió de sétimo para buscar trabajo, a sabiendas de que sus hermanos mayores no pueden aportar al hogar. Aún no encuentra nada.
Mercedes, Josué, Ríchard y Jesús ya son mayores de edad, pero, al igual que muchas personas con discapacidad en Costa Rica, tuvieron una educación atropellada y de escasos réditos.
El Censo realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirma esta realidad: de casi 453.000 personas con discapacidad en el país, la mayoría apenas cursó la primaria y muchos de ellos no la terminaron.
Dicho rezago académico lo muestran, por igual, quienes tienen limitación para ver, oír, hablar, caminar y usar las manos, así como dificultades intelectuales o mentales.
Desigual. Entre las personas con dificultades intelectuales, como los hijos de Sonia, el 81% nunca logró llegar al colegio.
Los números más favorables los muestran quienes tienen discapacidad visual. El 58% de ellos llegó, a lo sumo, al sexto grado.
No es de extrañar, entonces, el 64% de inactividad económica entre esta población, ni que la cuota del 5% de empleo público reservado para ellos se incumple por la falta de candidatos idóneos.
El ciclo de escasa educación y desempleo se traduce en índices de pobreza del 22% entre las personas con discapacidad que habitan el país. Dicho porcentaje es superior al promedio nacional del 17%.
La pobreza aumenta al 27% entre quienes tienen más de un tipo de limitación. En Costa Rica, 103.226 pobladores presentan dos o más discapacidades y 583 reúnen siete categorías.
Erick Hess, director ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), dijo que el rezago debe atenderse desde múltiples frentes, pero sostuvo que el Estado aún no planifica para ser más inclusivo.
Por su parte, Gilda Aguilar, asesora de la Dirección Curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP), resaltó que la institución ya busca incorporar a los alumnos con discapacidad, en vez de apartarlos en centros especiales.
Según Aguilar, muchas aulas integradas se han transformado en servicios de apoyo educativo y actualmente el MEP tiene 800 docentes de apoyo fijo o itinerante.
“La población con discapacidad adulta enfrentó muchísimas más barreras de las que hay ahora que los jóvenes pueden asistir al sistema regular. Sin embargo, todavía hay retos importantes.
”Se dice que el problema no es la discapacidad sino el entorno y la mayor barrera son las actitudes y prejuicios en las aulas. El problema es que el MEP recibe a los docentes ya formados”, señaló Aguilar.