La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) sí estaba obligada a supervisar la construcción de la trocha fronteriza y a vigilar el buen uso de los recursos allí invertidos.
Tal afirmación la hizo el diputado socialcristiano Luis Fishman, con base en criterio emitido por la Procuraduría General de la República sobre la responsabilidad de la CNE en la ejecución y fiscalización de obras hechas bajo una declaratoria de emergencia.
Este es el caso de la cuestionada Ruta 1856, construida paralela al río San Juan, en la zona limítrofe con Nicaragua.
La opinión –no vinculante– de esa entidad responde a una consulta hecha por el legislador.
En sus conclusiones, la Procuraduría detalla que, ante una declaratoria de emergencia, le corresponde a la CNE evaluar los daños y elaborar un plan general para atender la situación que se presenta.
Asimismo, debe ejercer control sobre las acciones y obras que realicen las distintas entidades involucradas en la atención de la emergencia, particularmente las nombradas unidades ejecutoras.
“Lo que la Procuraduría dice contundentemente es que, una vez declarada la emergencia, sin importar cuáles son las unidades ejecutoras y sin importar de dónde vienen los recursos, hay una responsabilidad de supervisar, fiscalizar, controlar y pedir informes”, manifestó el legislador.
“Esto ratifica la posición que hemos sostenido”, agregó Fishman.
Ayer no fue posible obtener una reacción de Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, pues no contestó las llamadas a su celular.
La CNE es del criterio de que es responsable por la ejecución solo cuando los recursos provienen del Fondo Nacional de Emergencias.
Para la vía fronteriza, esa entidad ha aportado ¢2.500 millones de unos ¢22.000 millones que suma hasta hoy su costo total.
De acuerdo con la CNE, el grueso de los recursos los aportó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a su vez encargado de desarrollar la nueva calle de 160 kilómetros.
Este caso está bajo investigación del Ministerio Público por aparentes irregularidades en la contratación de las constructoras.
Asimismo, ha sido objeto de análisis en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Más prueba. Fishman dijo que remitió la opinión de la Procuraduría a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que tengan mayores elementos en sus investigaciones.
También lo compartirá con la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público pues, opina, esto debe servirle a los diputados para que reconsideren las líneas a seguir en la investigación.