“Hay muy poca legislación sobre este asunto ( cyberbullying ); como país, estamos desprotegidos. Hay un vacío importante desde el punto de vista jurídico”.
Las declaraciones de Irvin Fernández, coordinador del programa Convivir, del Ministerio de Educación (MEP), resumen la situación jurídica actual de las víctimas del cyberbullying.
Quienes decidan protegerse por medio de las leyes actuales, solo lo lograrán en parte.
La legislación actual contempla castigos que varían según el delito y la edad, expresó Mayra Campos, fiscala adjunta penal juvenil del Ministerio Público.
“Pueden ser desde delitos informáticos hasta delitos contra la vida, la integridad y la libertad personal, como amenazas, extorsión, difusión de pornografía, manipulación de la imagen, etc. También pueden configurar delitos contra el honor, como injuria, difamación y calumnia”, explicó.
Pero los expertos coinciden en que esa legislación no da una protección completa. Para que sea así, se necesitan leyes específicas.
En ese sentido, desde el 2010, la Asamblea Legislativa tiene en su poder un proyecto de ley de la Fundación Paniamor para penar la violencia contra menores de edad por medio de la tecnología. Es el proyecto 18.230 y está convocado a sesiones extraordinarias.
El proyecto fue conocido por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, a finales del 2012.
La propuesta incluye tipificar delitos referentes al ciberacoso, la suplantación de identidad y la creación y difusión de pornografía infantil en Internet, entre otros.
Wálter Esquivel, de la Unidad de Iniciativas Tecnológicas de Paniamor, destacó que los cambios normativos siempre se crean con un rezago respecto de la innovación tecnológica.
“Este proceso (de adaptación) había contemplado mucho el tema de pornografía con niños y adolescentes y el tema patrimonial de robos, pero no el acoso cibernético”, manifestó Esquivel.
“Nos centramos en la protección de las personas menores de edad, considerando que están en condición de mayor vulnerabilidad y porque son de las poblaciones que tienen, paradójicamente, mayor acceso a las tecnologías de información y comunicación. Hay una mayor exposición que produce más riesgo”, agregó Carlos Tiffer, abogado asesor de Paniamor en la creación de la propuesta.
Para la fiscala Mayra Campos, hay dos opciones para fortalecer la legislación: incluir este tipo de acoso como un delito e introducir una norma general, en la cual la utilización de medios tecnológicos o informáticos constituyan una “agravante” y el juez pueda aumentar la pena, considerando el medio empleado y el daño a la salud de la víctima.