Tras una maratónica audiencia con las partes, el Juzgado Penal de Hacienda continuaba anoche sin decidir si aceptaba o no imponer seis meses de prisión preventiva a los seis imputados en el caso de la trocha fronteriza.
Al cierre de edición, 9:40 p. m., la jueza encargada del proceso todavía estaba escuchando los alegatos de los abogados defensores en contra de la medida cautelar propuesta por la Fiscalía.
El Ministerio Público ordenó detener a seis personas como parte de una investigación sobre la presunta participación de empresas privadas en el pago de dádivas a funcionarios que fiscalizaron la construcción de la ruta 1856.
Las personas implicadas son Carlos Acosta, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y dos actuales funcionarios de esa oficina, Manuel Serrano y Miguel Ramírez.
También figuran los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis, y Johnny Muñoz.
A las 8 p. m. durante un receso de la audiencia, José Miguel Villalobos, defensor de cuatro de los seis acusados, comentó que en ese momento faltaba escuchar la defensa de dos de sus clientes.
“Esperamos que antes de la medianoche se tenga una decisión de la jueza”, dijo Villalobos antes de ingresar a la sala, ubicada en el segundo piso de los tribunales de Goicoechea.
Insistió en que la solicitud de la Fiscalía no tiene fundamento, por lo que esperaba un fallo en favor de sus defendidos.
Mientras tanto, Roy Villalobos, defensor del empresario Johnny Muñoz, expresó a este diario sus esperanzas de que la jueza fijara otro tipo de medidas cautelares a su cliente.
“Estamos a la espera, no creo que se deje una decisión hasta mañana (hoy). Esperamos que no se imponga la prisión”, indicó .
Los seis imputados fueron detenidos el pasado miércoles, en horas de la mañana, en sus casas de habitación y luego fueron llevados a los tribunales en San José.
Sigue la investigación. Para el Ministerio Público, hay un marco probatorio sólido que indica que los seis detenidos incurrieron en el delito de peculado, el cual es castigado por la legislación actual con una pena de entre 3 y 12 años de cárcel.
Incurre en esta falta aquel funcionario o particular que distraiga dinero o bienes bajo su custodia.
Jorge Chavarría, fiscal general, aseguró ayer que la solicitud de prisión preventiva en contra de los imputados se fundamenta en aspectos meramente jurídicos y no necesariamente personales.
Agregó que al ser imputados, en este caso sí aplicaba la solicitud.
“Nosotros entendemos que son ciudadanos con ejercicio legal de todos sus derechos.
”Lo que pasa es que tenemos la convicción, y puede que estemos equivocados, que son el grupo nuclear a partir del cual se genera todo el planeamiento. Por ello procede la prisión preventiva”, aseveró Chavarría.