La decisión se tomó con la presidenta

Rodrigo Rivera Viceministro de Transportes

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Ya le comunicó oficialmente esta decisión a la presidenta Chinchilla. ¿Qué dijo ella?

Nosotros estábamos en este proceso de valoración que pidió la señora presidenta, y la señora presidenta está enterada de esto.

¿Ya le habló de esta decisión?

Participó en tomar la decisión. Y la decisión se tomó con la presencia y aquiescencia de ella, en persona. Ella formó parte del proceso final de valoración de las opciones.

Hace menos de 24 horas (el jueves por la tarde), usted dijo estar negociando para que un nuevo actor pudiera hacer la revisión. ¿Dónde estuvo el problema?

Sí, yo dije eso. Le conté que estábamos en ese proceso de valoración y que estábamos considerando si se invitaba a un nuevo operador o no, y, al final de cuentas, el resultado fue que había que prorrogar el contrato.

¿Pero qué fue lo que pasó?

Bueno, la valoración, lo que le dije, los activos (Riteve los trasparasará al Estado en diez años), el peligro de suspensión de un servicio público que la Contraloría está advirtiendo que es del Estado, y que se incurriría en incumplimiento de funciones (si no se ofrece). El tema de que la tarifa, a final de cuentas, al ser uniforme, no favorece al usuario; el usuario no va a ganar con uno o con dos o con tres operadores dentro del esquema que tenemos en la actualidad. Yo pienso que la gran falla del esquema de apertura es que el Estado no es propietario de instalaciones.

Pero, don Rodrigo, ustedes ya sabían esto desde hace tiempo y, aún ayer (el jueves), usted tenía la esperanza de que hubiera un nuevo operador. ¿Qué pasó hoy?

Hicimos una valoración diferente. Llegamos a una discusión, y se valoraron y se apreciaron argumentos en pro y en contra, y pesaron unos y dejaron de pesar otros.

¿Les dijo Riteve a ustedes que, si no se renovaba el contrato, no iban a dar ampliaciones a partir del 15 de julio?

No, no nos dijeron eso. Nos dijeron que, si no se arreglaba el tema de la tarifa, no iban a seguir con operaciones, pero los subordinamos, y fue necesario persuadirlos, a un organismo técnico y especializado del Estado (Aresep). Ellos querían que fuera el MOPT el que, por decreto, pusiera las tarifas que consideran que son las que caben.

¿Cede el Estado en esta negociación?

No, yo no hablaría de ceder. ¿Por qué ceder? Elaboramos una decisión. El Estado, al final de cuentas, con la revisión técnica como la tiene, haya diez operadores o uno solo, no gana nada porque no está alquilando nada. ¿Cuándo va a poder cobrar? Cuando tenga instalaciones. ¿Cuándo va a tener $50 millones para gastar en instalaciones y conseguir los terrenos en los lugares que están en la actualidad? No quiero decirle “nunca”, pero le voy a decir que es muy difícil.

La presidenta Chinchilla insistió en abrir la revisión.

Ella me explica que el compromiso era considerar las alternativas, y que nunca fue el abrir a un operador más.