El juez José Martín Conejo, del Tribunal Contencioso Administrativo, suspendió ayer los pagos que el Estado haría a las empresas vinculadas al contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón.
Así lo notificó dicho tribunal anoche, tras acoger la imposición de medidas cautelares en un proceso contra el Estado, el Consejo Nacional de Concesiones, la Contraloría General de la República y las empresas Autopistas del Valle S. A. y OAS Central America Investing Limited.
El reclamo fue presentado por Víctor Julio Alvarado, abogado del Foro Nacional, en contra de la pretensión del Gobierno de pagar una indemnización a OAS, por ¢17.675 millones ($35 millones), por rescindir el contrato para la construcción de la vía a San Ramón.
El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, dijo desconocer la decisión del Contencioso. Añadió que, de ser esa la decisión del juez, la acatarán.
El 2 de diciembre, el Gobierno anunció que girará los fondos a la empresa OAS en marzo del 2014, con recursos del Consejo Nacional de Concesiones.