El cierre de tres piñeras, en el 2008, estrenó a José Lino Chaves a la cabeza del Tribunal Ambiental Administrativo. Hoy, aún desde esa silla, critica la inconsistencia del “discurso verde” en Costa Rica y señala el miedo y la incompetencia del Gobierno a la hora de sancionar a los delincuentes ambientales.
¿El país no tiene a nadie que se encargue de la valoración económica por contaminación hídrica?
Pues sí, así de sencillo. Eso lo hacía Digeca (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental) hace unos años, pero ahora lo quitó de su reglamento. El Tribunal eleva los procesos para amonestar a las compañías que cometen un delito, ¿y después?
Si convocan a audiencia sin haber hecho ya el cálculo económico, pierden la posibilidad de cobrar.
Sí. No tiene sentido llevar un expediente a juicio cuando no tenemos una contabilización del daño. Podemos amonestarlos, así lo dicta el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. Pero solo eso. La reparación se pierde por completo y el país pierde.
”Esto es una vergüenza nacional, vergüenza debe darle todo esto al Estado. Nosotros mismos hemos durado hasta dos años determinando si una naciente está contaminada, porque no tenemos plata para hacer estudios de agua”.
¿Ha recibido ofrecimientos externos para valoraciones?
Hemos pedido colaboración en todo lado para que alguien se encargue de ese cálculo, pero nada.
¿Tiene el país una política de prevención ante daños ambientales?
No. Por un lado les metemos plata a las políticas de conservación y a las del pago de servicios ambientales, y por otro, descuidamos lo relativo al control, vigilancia y sanción. Ahí hay contradicciones: el control ambiental lo puede hacer cualquiera, todos los funcionarios deben cumplir con esto, pero no lo hacen. ¿Hasta dónde somos tan ambientalistas y queremos un país verde?
¿Hay miedo de sancionar? ¿Cuánto pesan en esto los intereses políticos y económicos?
Aquí hay miedo a sancionar, sí. Nos vendemos como protectores del ambiente, pero, lejos de unir el ambiente, lo dividimos. Lo que pasa es que lo hacemos de a callado.
”El país debe tomar una decisión: o se desarrolla con base ambiental, o no. Pero si hay impunidad, no ganamos nada. Si hay sospechas, hay que imponer medidas cautelares”.
¿Tiene el Tribunal algún registro serio de los infractores ambientales?
Sí, pero no está legalizado. Usted me pregunta, le preguntamos a la secretaria y a veces duramos una semana, pero le decimos ‘sí’ o ‘no’.
¿Solo las piñeras son responsables de que haya 51 expedientes abiertos en su contra en el TAA?
Lo que sucede es que aquí el movimiento de expedientes es muy lento. Un abogado del TAA maneja 750 expedientes, cada juez (de tres) maneja más de mil expedientes. Eso es agotador. No nos dejan crecer, no nos dan plazas, pero las denuncias ambientales aumentan.
”Por alguna razón, a mucha gente no le gusta lo que hacemos o sencillamente no somos un producto sexi, que llame la atención. Como que al gobernante y a los políticos no les gusta mucho cuando hay que fortalecer a quien sanciona el daño ambiental, a las instituciones que se encargan de eso”.
¿Qué es lo que pretende usted?
De momento, queremos una serie de modificaciones sencillas, de ley y de reglamento, que nos darían más músculo para resolver los problemas que afrontamos a diario.
¿Cuál es su presupuesto?
Este año, venimos con una reducción severísima, al punto de que le mandamos una nota al ministro de Ambiente para que por favor interceda. El presupuesto que nos está asignando el Gobierno Central pasó de ¢18,5 millones en viáticos a ¢1,5 millones para el próximo año.
¿Les impedirá ese recorte seguir inspeccionando in situ ?
Si se aprueba ese monto, sí, quedaríamos sin inspecciones en enero mismo. Esa plata la gastamos en dos barridas ambientales.
Ha mencionado la urgencia de de un ‘fondo de reparación’ y de un seguro ambiental voluntario.
El Estado debe tener un fondo para que, si alguien genera un daño ambiental y no quiere o no puede pagarlo de una vez, el Estado repare y luego le cobre. Y si no paga, que remate la propiedad.
”Sobre el seguro ambiental, sí, no debería ser obligatorio, pero que sea un seguro, como el de cosechas. Así, si alguien llega y se jala una torta ambiental, involuntaria o no, tiene la posibilidad de recurrir a un seguro.