La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Eugenia Vargas, dejará el cargo a partir de mañana, tras lanzar críticas sobre la “ingobernabilidad” y el “entorno tan difícil que impera” en la entidad.
En la carta de renuncia que entregó el miércoles, Vargas atribuyó su decisión a la falta de respuesta por parte de la presidenta Laura Chinchilla, a la nota que le envió desde inicios de mes.
La misiva se refería a la urgencia de que el Consejo de Gobierno nombrara un integrante para consolidar el cuórum estructural de la Junta Directiva de la entidad.
“La institución lleva un retraso de dos meses sin sesionar y se están acumulando una cantidad de cosas por resolver. A esa nota me refiero en la renuncia, pero no se le ha dado la atención debida”, dijo Vargas.
Según explicó la jerarca, dicha situación tiene frenada la reestructuración del INVU y la aprobación de un contrato de fideicomiso con el Banco Nacional para construir edificios multifamiliares .
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, rechazó esa versión.
“No ha existido una renuncia expresa en la Junta Directiva por parte de una persona que doña Eugenia interpreta que renunció. Por ello, de nuestra perspectiva el cuórum estructural no se ha roto”, manifestó Benavides.
El ministro aseguró que se estudian candidatos para el puesto y que el nombramiento se efectuará, a más tardar, la próxima semana.
Otros motivos. En una conferencia de prensa realizada ayer, Vargas subrayó la necesidad “imperante” de reorganizar el Instituto.
“Se hacen planes y sea por la Junta Directiva, por desacuerdos, o por la falta de cuórum, no se puede lograr. Es muy difícil cumplir aquí con lo que se compromete uno”, expresó la funcionaria.
Vargas también atribuyó su salida a la necesidad de defender sus derechos “ en los campos administrativo y judicial, de los infundados y malsanos hechos que se me atribuyen en la compra institucional de un inmueble”.
El 22 de junio, la Fiscalía allanó las oficinas del INVU, en barrio Amón, para investigar aparentes irregularidades en la compra de una propiedad en el cantón de Alajuelita para el desarrollo de un proyecto habitacional.