Una comisión de la CCSS recomienda a la Gerencia Médica valorar la “pertinencia técnica y legal” de asignar en la jefatura del Servicio de Radioterapia del Hospital México a un médico que “no tenga relación con el centro privado (Radioterapia Irazú)”.
La sugerencia surge por “la presencia de elementos que potencializan la figura de conflicto de intereses”, señala la comisión en su informe.
Aunque dicho órgano no menciona nombres, la recomendación respecto a la jefatura alude a Álvaro Suárez Arias, quien además de ocupar ese cargo en Radioterapia del México, presta servicio a la clínica privada.
Consultado ayer, Suárez defendió su puesto al decir que él no tiene poder de decisión sobre cuáles pacientes son vistos en el México y cuales son referidos al centro privado.
Aseguró, además, que debido a que la Caja no paga exclusividad, no está impedido de dar otros servicios a terceros.
Ese mismo criterio había dado Suárez a La Nación en noviembre del año pasado, cuando se informó de esa doble función.
Radioterapia Irazú es un centro médico que vende servicios de acelerador lineal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para atender a pacientes con cáncer.
En los últimos siete años la Caja le compró tratamientos por un valor de $10 millones.
También en noviembre pasado, una publicación de este diario reveló que Radioterapia Irazú cobra a la Caja un sobreprecio hasta de $1.600 por cada tratamiento.
La relación entre esa firma y la CCSS ocurre porque los aceleradores estatales usualmente están fuera de funcionamiento, situación que el año pasado constató la Contraloría General de la República.
De hecho, Suárez confirmó ayer que en los últimos 15 días los dos aceleradores de la Caja han vuelto a presentar problemas.
El de marca Siemens falló la semana anterior, mientras que el del fabricante Varian se descompuso hace tres días; no ha sido reparado.
Suárez no pudo precisar las fallas. Tampoco lo hizo Gabriela Murillo Jenkins, gerente de Infraestructura y Tecnología de la Caja.
Este jueves, ella aseguró que no tenía conocimiento del estado real de los aparatos.
Las conclusiones del informe de la comisión las adelantó a La Nación precisamente Murillo, quien había solicitado la investigación desde diciembre de 2010.
Otros señalamientos. La comisión que investigó los aceleradores lineales la integraron Mario Cajina Chavarría, abogado asesor de la Gerencia de Infraestructura; Carlos Fernández García, funcionario de la Dirección de Equipamiento Institucional; y Rodolfo Morera Herrera, asesor de la Gerencia Médica de la Caja.
Además de aconsejar el cambio en la jefatura, la comisión identificó algunas fallas frecuentes en los aparatos.
Una de ellas ocurre en el chiller (unidad de enfriamiento) del acelerador, pues aunque el del Hospital México tiene siete años de uso, según la Caja la empresa Siemens –fabricante– garantizó “su vigencia y funcionalidad por quince años”, dice la comisión.