La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba exige $200 millones al Estado y al ICE por los presuntos daños ambientales que ocasionó, en Buenos Aires de Puntarenas, el proyecto hidroeléctrico El Diquís.
La etapa preliminar o “de saneamiento” –previa al juicio– arrancó esta semana en el Tribunal Contencioso-Administrativo, en San José, y no hay una fecha fija de resolución. El reclamo está en el despacho del órgano judicial desde mayo.
Con tal de levantar la megaplanta de 650 megavatios (MW) de capacidad, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) efectuó, tres años atrás, estudios y obras en 20 hectáreas de la reserva indígena, en terrenos protegidos por ley.
La ausencia de diálogo y de una consulta indígena previa, que aún no se concreta, fueron detonantes para que la asociación demandara y, con ello, frenara todas las obras desde abril del 2011.
El ICE ha invertido al menos $129 millones en la zona. Luis Pacheco, gerente de Electricidad del ICE, declaró en abril que aún espera a que el Gobierno defina cómo se hará la consulta indígena y convoque el proceso para concretarla.
Ese paso es clave para completar el estudio de impacto ambiental que debe aprobar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
¿Por qué demandan? Alberto Paniagua, abogado de la parte actora, reclamó que con las obras del Diquís, el ICE violó derechos fundamentales de los indígenas: el derecho al territorio, a la autonomía y a ser partícipes en la decisión mediante una consulta previa.
Paniagua critica que el Instituto no ha dado importancia a los indígenas y que la asociación –presidida por Geini Gutiérrez– no ha recibido una sola solicitud de consulta o acuerdo por parte de la entidad.
Otra de sus quejas es que, en vez de paralizar las obras por completo, el ICE sigue construyendo en las afueras de la reserva, en los cantones de Osa y Buenos Aires.
“Mantenemos que se está en una etapa de construcción sin tener las autorizaciones debidas por parte de Setena, sin estudios de impacto ambiental. Sostenemos que se están produciendo daños ambientales gravísimos”, exteriorizó.
El abogado demandante dejó claro que la Reserva Indígena de Térraba no está en contra del proyecto ni del desarrollo energético del país. “Solo exigimos que el proyecto se ajuste a la ley y a los tratados internacionales”, manifestó.
En un “reciente estudio”, dijo Paniagua, la asociación determinó que las pérdidas ambientales superan los $200 millones en disputa.
Contraparte. A la etapa de saneamiento acudieron cinco indígenas que aprueban el proceso que siguió el ICE y reclaman la pronta necesidad de la planta hídrica para impulsar el desarrollo de la reserva.
Los indígenas reclaman que la asociación de desarrollo no los representa; al contrario, dicen que la demanda nació por iniciativa personal de la jerarca Gutiérrez y no de los directivos ni de la comunidad.
Uno de los quejosos es Genaro Gutiérrez, de 57 años, quien presidió la asociación por 12 años y dijo estar presente y apoyando el proceso del ICE desde que empezó movimientos en la reserva de Térraba.
“Cuando me fui, entró la actual presidenta y ella demandó. La salida del ICE nos afectó mucho porque despidieron a 50 indígenas que trabajaban ahí; todo se cayó”, dijo.
“Los indígenas nos hemos quedado rezagados porque los no indígenas deciden por nosotros. Eso no debe ser así; se están violando los estatutos y nuestras leyes”, expresó Jonathan Espinoza, de 52 años.
La parte demandada no ahondó en detalles pues todavía se halla en una fase preliminar. “Defendemos el decreto que declara de interés público el proyecto El Diquís y las actuaciones de Setena. Preferimos no dar declaraciones hasta que esté el juicio y exista la sentencia”, dijo el procurador Alonso Arnesto.