El Gobierno de la República se quedó sin opciones reales para cumplir con su propuesta de que varias empresas ofrecieran el servicio de revisión técnica vehicular y se vio obligado a renovar por 10 años el contrato que permite a la compañía Riteve SyC seguir operando sin competencia.
Aunque presentada ayer a la prensa por el viceministro de Transportes, Rodrigo Rivera, como “un éxito”, la decisión que se adoptó contradice las intenciones declaradas por distintos funcionarios de esta administración.
La primera en proponer la apertura fue la misma presidenta, Laura Chinchilla, durante la campaña política, en enero del 2010.
Más recientemente, el entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez, había declarado en el Congreso, en febrero pasado, que había llegado el momento de “poder licitar y tener más de un operador: dos, tres, cuatro”.
A última hora, el jueves por la tarde, el viceministro Rivera aún hablaba de estar ultimando los detalles para esa apertura.
Esas intenciones quedaron en nada cuando ayer el MOPT tuvo que explicar por qué considera que renovar el contrato a Riteve es más beneficioso que no hacerlo.
El estudio. Según el análisis, no renovar el contrato implica renunciar al traspaso al Estado que Riteve realizaría en el futuro de sus instalaciones y equipos, que están valorados hoy en $25 millones, pero que el MOPT espera que cuesten el doble en una década.
Además, se paralizaría la revisión técnica por entre tres y cinco años, pues se debería comenzar por sacar las licitaciones para los nuevos operadores, que luego deberían comprar terrenos adecuados, construir instalaciones y capacitar al personal.
Como tercer punto se consideró que la apertura significaría un aumento en el precio de la revisión.
Según el MOPT, renovar el contrato traería algunas ventajas, como que bajaría el monto que los accionistas de Riteve están solicitando en un arbitraje internacional.
Rivera explicó que la demanda es por $350 millones, pero que $280 millones corresponden a una supuesta inadecuada cancelación del contrato, algo que ahora no tendría sustento.
Con la ampliación del acuerdo, además, Riteve deberá cumplir con un plan de mejoras e inversiones, como la ampliación de la capacidad de atención en zonas urbanas congestionadas y la construcción de instalaciones fijas en zonas donde ahora hay estaciones móviles.
Una posibilidad. En la Asamblea Legislativa se tramita actualmente el proyecto de ley de tránsito, que crearía la posibilidad de abrir la revisión a más operadores.
Rivera dijo que, si la ley se aprueba, sería posible aplicarla, pero que entonces será necesario indemnizar a Riteve.
Ante esto, Danilo Cubero, diputado del Movimiento Libertario, calificó de “indignante” la decisión del Gobierno, y señaló que tratar el tema en la ley de tránsito solo dio una excusa para no haber tomado una decisión antes.
Mientras, Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, dijo sentirse “estupefacto, porque la presidenta afirmó en campaña que ella se iba a encargar de que se terminara ese monopolio”.
La compañía Riteve, mediante un comunicado de prensa, aseguró estar conforme con la decisión del MOPT, y se comprometió a “mantener altos estándares de calidad y de servicio”.
Fernando Mayor, gerente de Riteve, añadió que, a pesar de esta decisión, seguirán adelante con una demanda nacional que reclama que, durante los últimos diez años, no se ha ajustado la tarifa que se cobra por cada vehículo.