La decisión de aumentar o no el tope de la generación eléctrica privada estaba para tomarse en marzo del 2015, pero el Gobierno se adelantó y el jueves pasado enterró en el Congreso todo debate sobre el tema.
El Ejecutivo se contradijo con respecto a lo manifestado en octubre por Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Gutiérrez solicitó a los diputados congelar las decisiones relativas al sistema energético, al menos hasta marzo, cuando estarían los resultados del diálogo nacional sobre energía.
La mesa de diálogo se conformó en octubre por distintos actores del sector, y sus posiciones serán insumo para delinear la política energética nacional de los próximos 30 años.
El jueves, sin embargo, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y Carlos Obregón, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pidieron a los legisladores archivar el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, expediente 18.093, el cual genera debates desde junio del 2011.
La iniciativa pretende subir del 15% al 30% el tope a la participación privada, definido en la Ley 7.200, de 1990. Estos ya alcanzaron el límite y exigen un aumento.
Al adelantar criterio a lo que decida la mesa de diálogo, Jiménez alegó que la ley es innecesaria, pues los proyectos actuales cubrirían la demanda hasta el 2019. “No hace falta contratar más generación privada ni modificar el porcentaje establecido por ley”, declaró a la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
El Ejecutivo aseguró que no convocará el texto –para discusión en el plenario– durante el periodo en que tiene potestad para hacerlo: de diciembre a mayo.
La decisión no frenó a los diputados, quienes convocaron a audiencias, en estos días, a representantes del sector de energía para evaluar criterios.
Las posiciones
El anuncio del Gobierno sorprendió a Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope). Él opina que es “una falta de respeto”.
“¿Para qué nos invitan a una mesa de diálogo si ya tienen tomada una decisión? Se supone que el diálogo es insumo para que el Minae decida qué hacer; no debieron adelantar posición”, dijo.
Según él, el fijar topes es discriminatorio y tiene como fin dar una injusta ventaja al ICE.
La contradicción es un hecho para el presidente de Agropecuarios y diputado de la Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas.
“El Gobierno tiene que ponerse de acuerdo: definir si las mesas de diálogo son en serio y explicar por qué el ministro de Ambiente aprueba más participación privada y, al mismo tiempo, el de la Presidencia nos viene a decir todo lo contrario”, afirmó.
El jerarca del Minae, Édgar Gutiérrez, descartó contradicciones y confirmó que se abstendrá de impulsar proyectos sobre energía, pues estos no se enmarcan en un contexto de 30 años.
“No tiene sentido que siga habiendo discusiones sobre contingencia (como las convocadas esta semana). No sé por qué los diputados no se dedican a discutir carajadas que el país necesita a mediano y largo plazo”, declaró.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario y asiduo promotor del proyecto de contingencia también se manifestó indignado con las declaraciones de Obregón y Jiménez.
“Participo en la mesa de diálogo, en donde nos dice Édgar Gutiérrez que no hay ningún prejuicio ni decisión tomada sino que están abiertos a valoración, pero con la posición de Melvin Jiménez y Obregón se socava y se erosiona la confianza de los interlocutores en la mesa. Estamos participando en una gran 'tomadura' de pelo”, manifestó Guevara.
Aprueban la decisión del Gobierno –de descartar un alza del tope a privados– actores del sector como Érick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas). Consultado al respecto, el regulador general, Dennis Meléndez, manifestó ayer que al tratase de una política de Estado, no “puede opinar” al respecto.
El controversial tope a compañías
El Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica (18.093) fue presentado en junio del 2011 y aún genera debate dentro del sector energético. El principal punto que en este se propone es el alza del 15% al 30% del tope a la participación de generadores privados, definido en la Ley N. ° 7.200, de 1990. También pretende que la capacidad instalada de cada una de sus plantas sobrepase los 20 megavatios.
Tras 24 años de haber ingresado al sistema, la empresa privada alcanzó el tope permitido y exige que se les apruebe más. La cuota se agotó tanto para los proyectos que pertenecen solo a ellos (de tipo BO –Build Operate) como para los de tipo BOT (Build Operate Transfer) que, después de operar por un máximo de 20 años, deben transferirse al ICE. Son 28 generadores los que operan hoy y están pactados contratos para cinco más.
Colaboró: El periodista Aarón Sequeira