El Gobierno solicitó ayer a la concesionaria de la carretera a San Ramón, la brasileña OAS, detallar en qué consiste el cobro dado a conocer ayer, por cerca de $46 millones, necesario para la terminación del contrato entre ambas partes.
El Estado pidió explicar los aspectos técnicos, legales y financieros que justifiquen que el erario deberá pagar ese monto a la compañía constructora.
La reacción se dio luego de que OAS envió una carta al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en la que desglosa el cobro de los $46 millones (¢22.680 millones, según el tipo de cambio vigente).
De acuerdo con la carta, en poder de este medio, $33.962.238 corresponden a las inversiones realizadas por Autopistas del Valle, empresa que cedió la concesión a OAS. Además, $900.000 (unos ¢453.813.365) serían por concepto de especies fiscales y $11.131.000 (¢5.600 millones) tendrían que ver con nuevos gastos e inversiones.
Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), explicó que la carta de OAS se da en respuesta a una petición de ese órgano.
Gallardo dijo que este es el primer paso para lograr la terminación legal del contrato.
“Esta es la comunicación inicial que OAS está haciendo de los términos que ellos consideran que se deben tomar. Pero esto no presupone una aceptación automática de la Administración, porque les estamos pidiendo que nos sustenten los elementos”, explicó Gallardo.
OAS explicó que el monto de $11 millones que solicita corresponde a gastos en que incurrieron, una vez que asumieron la concesión, cedida por la otra firma.
“Es importante aclarar que este rubro la compañía lo acreditará y soportará debidamente mediante la documentación que sea pertinente. Además, la liquidación que OAS presente, puede y debe ser sometida, por parte de la Administración, a las revisiones, auditorías y estudios que considere oportunos”, respondió la empresa a consultas realizadas por La Nación .
Con respecto a los $33 millones, estos son considerados como un monto único, firme y definitivo que debe reconocerse a la empresa Autopistas del Valle por concepto de cesión del contrato.
Justo hoy, quedan 21 días para que se cumplan los 60 días naturales pactados para que permanezca suspendida la concesión a la espera de su finiquito.
OAS propuso al Gobierno ampliar el plazo hasta 90 días para llegar a un acuerdo de pago, los cuales correrían a partir del momento en que se entregó la carta.
Asimismo, la concesionaria propuso al Gobierno una metodología de trabajo que incluye la designación de un equipo para finiquitar el acuerdo de concesión.
Gallardo, por su parte, sostuvo que no aceptarían nada de momento, y Concesiones convocó a una sesión extraordinaria para este lunes, en la que se analizarán las condiciones expuestas por la firma brasileña OAS.