El Gobierno desvió ¢15.100 millones que pertenecían a Japdeva para finiquitar el contrato con OAS, empresa que ampliaría la carretera entre San José y San Ramón. Los fondos se incluyeron en el presupuesto nacional de este año.
Según la Contraloría General de la República (CGR), ese movimiento es ilegal pues “lesiona” la Constitución Política, así como la autonomía que protege a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“El movimiento que efectuó la Tesorería Nacional para trasladar saldos de la cuenta creada a favor de Japdeva y darlos al CNC (Consejo Nacional de Concesiones) para que pague obligaciones asumidas por el Gobierno con la empresa OAS, podría contradecir el principio de anualidad y lesionar el artículo 176 de la Constitución Política, por tratar de volver a ejecutar recursos que ya fueron pagados en el año 2010, según lo certifica la propia Tesorería Nacional”, se aseguró en el oficio de la Contraloría.
Por lo anterior, el ente contralor no aprobó el uso del dinero, según lo confirma en el oficio 01473, que fue publicado el 12 de febrero.
Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) aseguró que el Gobierno actuó bien. Agregó que el traslado del dinero fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
“Nosotros creemos que sí se puede hacer. La ley de presupuesto, que tiene fuerza de ley, dice que eso se puede hacer. Se le está negando a la Asamblea Legislativa de que no pueda pasar recursos de un punto a otro”, comentó Gallardo.
El ministro de Planificación aseguró que hoy presentarán una nota de reconsideración a la Contraloría para intentar, por segunda ocasión, obtener la autorización para usar el dinero.
Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, manifestó que los recursos no se ejecutaron porque el sindicato se opuso a aplicar una norma que les permitiría indemnizarlos y, además, pagar con ese monto las prestaciones,
Los ¢15.100 millones fueron aprobados a Japdeva, en diciembre del 2009, para el pago de prestaciones de los empleados de los puertos de Limón; sin embargo, no los ejecutó. Ante eso, el Ejecutivo le pidió que los trasladara a Concesiones para cancelarle a OAS.
Límite. El Estado está en la obligación de pagar $35 millones a la brasileña OAS antes del 15 de marzo próximo. El plazo responde al compromiso de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, de ponerle fin a la concesión de la carretera a San Ramón.
Justamente, ayer, el Tribunal Contencioso Administrativo levantó las medidas cautelares que impedía al Gobierno seguir con los pagos a OAS. La medida fue solicitada por el Foro Nacional, que lo integran vecinos de San Ramón.
Gallardo expresó que necesitan los fondos ahora que tienen el aval de un Tribunal para pagarle a la firma brasileña . Añadió que si la Contraloría no aprueba el presupuesto, tendrán que buscar un plan B para concretar el compromiso.
“Pero si no es con estos dineros, serían con otros dineros que hagamos el pago, siempre y cuando no nos presenten otro recurso que atrase la cancelación de los pagos a OAS”, explicó Gallardo.
De los $35 millones que deben a los brasileños, el Gobierno solo han cancelado $6,5 millones, que fueron entregados en diciembre.
Si antes del 15 de marzo no se concreta ese pago, la constructora OAS haría un cobro de lucro cesante al país, que podría superar los $502 millones. Además, el Estado perdería los planos y diseños de la carretera, y no podría hacer obra alguna en la vía, hasta que se libere del contrato de concesión.