Luego de tres años de controversias e indecisiones, el Gobierno conformó un comité que se encargará de la consulta indígena sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en el sur del país.
Ese grupo está integrado por los jerarcas de 13 carteras y entidades públicas, entre estas el Ministerio de Ambiente y Energía, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La consulta indígena es clave para completar el estudio de impacto ambiental que debe avalar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Solo así se dará pie a la planta El Diquís, de 650 megavatios de potencia.
El decreto del Ejecutivo, publicado ayer en La Gaceta , define que la comisión de alto nivel será coordinada por el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez. De la mano se creó una secretaría técnica, con 11 actores.
“En el transcurso del primer semestre del 2015 se estará definiendo lo relativo al proceso de consulta indígena (...), de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas y de la anterior comisión interinstitucional de coordinación del proyecto El Diquís”, declaró Jiménez, ayer.
El ministro agregó que, “en su momento”, dará a conocer a la ciudadanía los acuerdos.
Las 13 entidades no solo tienen a cargo la consulta; deben ejecutar el Programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Grande de Térraba –contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo–, que incluye el desarrollo habitacional, agroecoturístico, forestal y microempresarial de la zona.
Carlos Obregón, presidente del ICE, aseguró que a inicios del 2015 estaría lista la organización para definir los tipos de apoyo.
“Esa zona es tremendamente pobre y hay que buscar cómo ayudarla, las fuentes de trabajo (...). El desarrollo tiene que ir amarrado a capacitaciones”, dijo.
El ICE ha invertido al menos $129 millones en análisis y diseños para El Diquís, cuyo costo total superaría los $2.500 millones.
No fue posible contactar ayer a Dónald Rojas, presidente de la Mesa Nacional Indígena.
Juicio. Con tal de levantar el megaproyecto, el ICE efectuó, tres años atrás, estudios y obras en 20 hectáreas de la reserva indígena, en terrenos protegidos por ley.
La ausencia de diálogo y de una consulta previa motivaron que la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba interpusiera una demanda con la que frenaron, desde abril del 2011, las obras del ICE.
La Asociación exige $200 millones al Estado por el presunto daño ambiental que generó en Buenos Aires, Puntarenas.
A partir de esa demanda, se abrió un proceso de diálogo con los grupos afectados, que incluyó la visita de un relator de Naciones Unidas, quien ordenó al Estado llevar a cabo la consulta.
Según Alberto Paniagua, abogado de la parte actora, el ICE “violó derechos fundamentales de los indígenas: el derecho al territorio, a la autonomía y a ser partícipes en la decisión”.
La etapa preliminar arrancó en julio en el Tribunal Contencioso-Administrativo. Empero, la segunda parte del juicio quedó suspendida desde agosto, luego de que la Sala IV acogiera para estudio una acción de inconstitucionalidad.
El proceso, por presunta lesividad, lo presentó Álvaro Castro, de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales. Este va contra los artículos 34, 40 y el transitorio III del Código Procesal Contencioso-Administrativo.