En una acción sorpresa, patrullas de la Fuerza Pública ingresaron la tarde de este miércoles a la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, por los sectores de Coopevega y El Concho de Pocosol.
De acuerdo con vecinos, solo por el primer punto pasaron 10 vehículos con uniformados. Asimismo, se instalaron retenes en algunos sectores como el de Coocolo, también en Cutris.
La acción policial fue confirmada por Gustavo Mata, ministro de Seguridad, quien esta misma semana aseguró que la extracción es controlada por grupos organizados que pagan comisiones a muchachos o peones de la zona, por el metal que saquen.
El vocero de Seguridad Pública, Carlos Hidalgo, manifestó a las 7:45 p.m. que en total se arrestaron a 14 personas para investigación, de un total de 193 que fueron ubicadas al momento de la incursión policial.
Al momento del operativo, cuatro de ellos estaban extrayendo material; además tenían en su poder sedimientos, cuarzo y aparente cianuro, indicó Hidalgo.
A las personas intervenidas se les notificó sobre la prohibición de efectuar tareas de extracción de oro o cometer cualquier otro delito. En el operativo se contó con la ayuda de personal de la Policía de Fronteras.
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Como confirmó este medio en un recorrido, la zona fue tomada desde hace varias semanas por centenares de personas que llegaron a extraer ilegalmente el oro de la mina, tanto así que hay fincas que se han quedado sin trabajadores, que van atraídos por jugosas ganancias de otros coligalleros.
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Aunque la Fuerza Pública y la Fiscalía han hecho algunas detenciones e incluso hay una investigación abierta, están muy lejos de tener el control de lo que ocurre en la finca Vivoyet, que en el pasado perteneció a Industrias Infinito, minera de capital canadiense que perdió la concesión para sacar 800.000 onzas de oro. Así lo ratificó un fallo judicial en noviembre de 2011.
Esta situación también dio origen a críticas, este lunes, por parte del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, quien estuvo al frente de la demanda para sacar a Infinito. Araya señaló que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para evitar los daños ambientales y la comisión de delitos en Crucitas.
La ofensiva policial se da también unas horas después de que el fiscal regional adjunto de la zona norte, Alejandro Araya, manifestara a La Nación que Crucitas se podía convertir en una "bomba de tiempo".
"Desde mi perspectiva no hay ninguna institución que pueda enarbolar la lucha para cambiar lo que estamos viviendo", añadió Araya.
Araya investiga la posible comisión de hechos como explotación sexual, venta de drogas, trasiego de mercurio, además de las 160 denuncias por daños ambientales que han recibido.
Por estos hechos, hay varias personas encausadas sin que precisara cuántas y por lo menos a uno se le dictó prisión preventiva. Esta persona encara un proceso ante los tribunales de flagrancia, por lo que podría ser enjuiciada en el corto plazo.
El fiscal informó de que han recibido datos de que a Crucitas están llegando grupos de oreros nicaragüenses con vasta experiencia en la actividad, pues provienen del triángulo minero que incluye los municipios Rosita, Bonanza y Siuna, en el noreste de aquel país.
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Otro de los temores del fiscal es que el caos que hay en el sitio derive en problemas sanitarios.