“Estas son investigaciones que nosotros las estamos denominando como megacasos de corrupción”.
Así describió Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la investigación que lleva a cabo por supuestas irregularidades en el manejo del contrato de concesión de la carretera San José- San Ramón.
El fiscal arribó a ese calificativo ante la cantidad de documentación de los últimos años y las instituciones involucradas.
La investigación la emprendió la Fiscalía desde abril anterior, tras una denuncia del abogado Alberto Rodríguez Baldí, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios que vieron el contrato.
Allanamientos. Ayer, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía allanaron las oficinas de la concesionaria, la brasileña OAS, ubicada en Escazú.
También la firma Soares, además de dos oficinas de la empresa Cacisa; una en Heredia y otra en Rohrmoser. Esa compañía figuraba como la fiscalizadora del proyecto de concesión.
Por último, las autoridades allanaron la empresa Autopistas del Valle, ubicada en Escazú, pues esta última cedió el contrato a la firma brasileña OAS.
La concesionaria se pronunció ayer en la tarde y adujo que entregó la documentación solicitada y que estaba abierta a seguir colaborando con las autoridades judiciales.
Según el Ministerio Público, los allanamientos tuvieron como objetivo recolectar prueba para seguir avanzando con la investigación que dirige la FAPTA, de momento en contra de ignorado; es decir, hasta hoy no se han definido personas como imputadas.
Cubillo no descartó que, conforme avance la investigación, se señalen “otros delitos de tipo funcional en este caso”.
Ayer fue la segunda acción policial en torno al caso, pues en abril pasado el Ministerio Público allanó las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones, en Sabanilla de Montes de Oca.
Allí las autoridades se llevaron todos los documentos relacionados con la concesión.