El gobierno de Laura Chinchilla no quiere otro dolor de cabeza como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya situación financiera está hoy en estado crítico.
Así se desprende de la afirmación hecha por la mandataria luego de conocer el deterioro en las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Estamos manejando la situación con mucho cuidado, con mucho interés. Estoy segura de que esto no va a ser una Caja dos”, dijo.
Esto, agregó, porque hay un Gobierno atento a la situación y porque Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del Instituto, viene tomando medidas y disposiciones.
Tal como informó ayer La Nación, un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda revela que, en el 2011, el ICE cerró con una pérdida neta de ¢22.112 millones.
Esto significa que los ingresos generados por las ventas de electricidad y servicios de telecomunicaciones no alcanzaron para cubrir todos los gastos de la empresa.
De ese monto, ¢15.061 millones corresponden al área de telecomunicaciones, ahora obligada a competir en un mercado abierto.
Esa situación se genera fundamentalmente por un incremento en los gastos y no por una caída drástica en los ingresos.
Según el reporte de Hacienda, la utilidad neta del sector pasó de ¢84.369 millones en el 2007 a ¢3.947 el año pasado. Entre tanto, en ese mismo periodo, los ingresos subieron de ¢330.468 millones a ¢517.297 millones. Estas cifras se reflejan en un reporte de estados financieros en el que los datos del 2011 no estaban auditados.
Con información más reciente y debidamente auditada, el cierre de año fue, más bien, negativo.
Chinchilla, quien ayer salió rumbo a Brasil, donde participará en la Cumbre Río+20, reconoció que aún no tiene una conclusión final sobre la situación del Instituto.
Según dijo, el panorama se aclarará cuando una comisión integrada por representantes de los ministerios de Hacienda, Planificación, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) hagan un análisis del informe y las medidas del ICE.
El ministro de Hacienda, Édgar Ayales, explicó que el informe será presentado al Consejo de Gobierno en la próxima semana.
Critican recorte. Para intentar revertir los números en rojo, el jerarca del ICE procura un recorte de gastos por ¢80.000 millones.
Esto se aplicará a rubros como horas extras, viáticos, pluses salariales y contratación de personal.
Dichas disposiciones generan la crítica sindical al considerar que los empleados pagarán los “platos rotos” de malas decisiones.
“Nosotros no estamos de acuerdo en que la carga de la crisis, por una mala planificación financiera de la institución o por aventurarse en un negocio donde contrataron a gente con otra cultura, nos la trasladen a los trabajadores”, reclamó Fabio Chaves, presidente de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice).
Agregó que, al día de hoy, el Instituto ni siquiera ha completado el pago del aumento salarial del primer trimestre, 1,9%, que les corresponde por estatuto de personal.