Las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, incluidas dentro del programa Puente al Desarrollo, pagarán menos por la electricidad.
Este lunes, el Gobierno presentó el plan de tarifas solidarias que entrará a regir en los próximos meses con el cual las familias que se ubiquen en pobreza extrema recibirán un subsidio del 100% en el consumo de los primeros 100 kWh facturados.
Por su parte, quienes se encuentren en pobreza básica recibirán un subsidio del 50% en los primeros 100 kWh.
De acuerdo con la viceministra de Energía, Irene Cañas, estos grupos solo deberán cancelar entre ¢744 y ¢1.300 por el costo fijo de la red, así como los rubros del tributo a Bomberos, alumbrado público y el costo variable de los combustibles y luego, el excedente por encima de los 100 kWh.
Cañas explicó que se trata de un beneficio focalizado, pues solo incluirá a los grupos que son atendidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mediante el programa Puente al Desarrollo.
El presidente del IMAS, Emilio Arias, explicó que actualmente ese programa atiende a unas 27.300 familias y está por integrarse un segundo grupo de 27.300 personas; sin embargo, el beneficio lo recibirán quienes se encuentren entre los distritos de atención prioritarios y que tengan un medidor a su nombre.
Ya en esta población específica, se dará prioridad a jefaturas de hogar femeninas o desempleados, con hijos menores de edad, con miembros de la familia con discapacidades, adultos mayores a cargo y familias indígenas.
El subsidio será cubierto por los abonados del sector residencial. Sin embargo el porcentaje y la metodología tarifaria deberán ser definidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
"La Aresep tiene que hacer un estudio técnico para definir cuáles sectores dentro del residencial van a asumir el subsidio a los hogares, va a ser un mismo porcentaje para todas las empresas distribuidoras para los bloques de consumo que defina la Autoridad Reguladora", explicó Cañas.
La estimación, dijo Cañas, es que el aumento para el resto de consumidores que cubrirían el subsidio, sería de 0,01%.
Se prevé que el proceso de revisión tarifaria inicie en noviembre de este año y que la reducción se empiece a aplicar a inicios del otro año.
Según explicó la viceministra, el porcentaje será el mismo en todas las empresas distribuidoras de energía. Debido a que podrían darse diferencias entre los ingresos y gastos en algunas empresas (pues los núcleos de pobreza varían de una región a otra), se creará un mecanismo de compensación mediante un fondo solidario en donde se concentren los excedentes generados por algunas distribuidoras y que se compense así el faltante de otras compañías.
Dicho mecanismo para el traslado de fondos también deberá ser definido por la Aresep y será operado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La viceministra de Energía añadió que el proyecto también incluye la promoción de alianzas públicas y privadas para mejorar las instalaciones eléctricas de las familias beneficiadas y así disminuir el riesgo de incendios.
La vicepresidenta Ana Helena Chacón añadió que la estrategia forma parte de las acciones para la erradicación de la pobreza, pues permitirá a las familias contar con recursos que antes destinaban al pago de servicios públicos, para atender otras necesidades básicas.
Distribuidoras de energía critican plan
Tras el anuncio, los empresarios distribuidores de energía aseguraron que el mecanismo es poco claro.
Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), aseguró que se debe definir cuál será la entidad que administrará el fondo solidario obtenido por el aumento de tarifas eléctricas.
"En sesión de trabajo entre colaboradores de las empresas distribuidoras y el MINAE se nos indicó que dichos dineros serían administrados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); s i así fuera, las empresas distribuidoras tendrían que trasladar los dineros de dicha recaudación a esa entidad, cuya legalidad tenemos que evaluar", dijo.
Añadió que no hay certeza de cuál será la afectación real para la clase media que asumirá el subsidio.
Por su parte, Allan Benavides, presidente de CEDET, aseguró que están de acuerdo con la intención; sin embargo, consideró que este tipo de ayudas deberían canalizarse con recursos del IMAS y no de la clase media.
Propuestas diferenciadas
Esta no es la primera iniciativa para definir la tarifa de los consumidores según características diferenciadoras. En junio, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) expuso una propuesta que intenta motivar a las familias a bajar el consumo de luz.
Su plan cambiaría la forma en la que las empresas distribuidoras le cobran el servicio a sus clientes residenciales.
El primer paso sería dividir a las familias en cinco grupos o quintiles, según su consumo. Cada grupo tendría una tarifa diferenciada.
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