Los gremios de educadores fueron los primeros en oponerse, ayer, a la orden de la Sala IV, de aplicar un examen que mida el conocimiento como requisito para contratar funcionarios públicos.
Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), aseguró que los maestros y profesores son los últimos a quienes se les debe evaluar.
“Tenga seguridad de que el SEC será combativo ante esta situación, no permitiremos que se imponga evaluación a los docentes sin antes hacer evaluación a las altas autoridades”, sostuvo el dirigente.
Beatriz Ferreto, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), calificó el fallo judicial como “ilusorio”.
“Supongo que el Servicio Civil presentará ante la Sala una aclaración para ver a qué se refiere, porque eso echa por la borda todo lo establecido para los docentes”, manifestó.
Panorama. Los magistrados ordenaron a la Dirección General de Servicio Civil tener listas las pruebas de conocimiento en un año, pero Leonardo Garnier, ministro de Educación, ve difícil que ese plazo se cumpla para contratar educadores, porque hay que elaborar los exámenes para cada asignatura.
Además, Garnier advirtió sobre la dificultad técnica para elaborar esos cuestionarios.
José Joaquín Arguedas, director general del Servicio Civil, reiteró ayer su molestia por la decisión del alto tribunal.
“Pretender que en este país el Servicio Civil pueda discernir con un examen memorístico de 30 o 40 preguntas la calidad de un profesional, es técnicamente inadmisible, sumamente oneroso y una pesadilla logística”, planteó Arguedas en un comunicado.