La carrera para obtener un espacio en la generación energética del país, implica, para las empresas privadas, una cuantiosa inversión de tiempo y dinero.
El primer paso es concursar por la elegibilidad ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En este momento, 81 compañías han ‘matriculado’ sus plantas y compiten para ser elegidas, aun sin esperanza de adjudicaciones a corto plazo.
Una vez que recibe la solicitud de elegible –normalmente acompañada de un análisis de prefactibilidad – el Instituto dispone de 120 días naturales para emitir la declaratoria.
Mientras, incluso sin saber si el ICE sacará concursos o si tendrá oportunidad de participar, la firma debe encargarse de los estudios para demostrar la viabilidad técnica, ambiental y económica de su proyecto.
Es su deber también gestionar las concesiones para comercializar servicios públicos. El “periodo de elegibilidad” vence a los dos años de presentarse la solicitud; en caso de seguir interesadas, las compañías tienen derecho a solicitar prórrogas.
“Para ganar, debemos presentar nuestros mejores atributos, lo que implica un capital de riesgo; son grandes gastos de tiempo y dinero. La competencia se da en términos técnicos y de precios”, dijo Mario Alvarado, director de la Asociación de Productores de Energía (Acope).
Al adjudicar megavatios, se toman en cuenta los precios ofrecidos y el avance en las gestiones, aseguró Gilberto de la Cruz, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE.
Una vez firmados los contratos, estos deben ser refrendados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El ICE publica concursos únicamente cuando los requiere, y solo participan los proyectos elegibles. A la fecha, operan 28 compañías privadas y otras 5 tienen contratos pactados.
En la convocatoria de enero del 2012, el Instituto sacó a concurso 100 MW de eólica y 40 MW de hídrica, para lo cual firmó contratos con ocho compañías.
En un segundo proceso de selección, el 4 de febrero de este año, el Instituto compró 40 MW de eólica y 30 MW de hídrica a cinco empresas más.
Con estas adjudicaciones, 24 años después de haber ingresado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los privados alcanzaron el tope de participación permitida por la Ley 7.200, de 1990.
La cuota (15% de capacidad instalada del país) se agotó tanto para proyectos privados que pertenecen exclusivamente a ellos tipo BO (Build Operate) como para los tipo BOT (Build Operate Transfer) que, tras operar por un máximo de 20 años, son transferidos al ICE.