Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado costarricense ha perdido el control de la regulación y supervisión de los servicios que usa de manera directa la ciudadanía.
A criterio de esa entidad, temas como la falta de acciones en la fiscalización de los peajes de la ruta 27 y de las concesiones de rutas de autobuses, así como de la desventaja para los usuarios en la enseñanza y seguridad privadas y hasta en el caso de los implantes mamarios PIP, se convierten en ejemplos de asuntos que no han sido bien abordados por el Estado.
Así está plasmado en el Informe Anual de Labores 2011-2012 que presentó ayer la Defensoría de los Habitantes y que fue remitido a la Asamblea Legislativa.
La radiografía que la Defensoría hace del país está basada en 19.000 denuncias que se tramitaron en el último año ante esa entidad, la gran mayoría por deficiencias en los servicios públicos.
Rutas e implantes. Una de las críticas que comentó ayer la defensora, Ofelia Taitelbaum, fue que el Ministerio de Salud solo haya obligado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a cambiar los implantes defectuosos PIP, no así a los médicos del sector privado, a quienes solo se les exigió darles seguimiento a las pacientes afectadas.
En otro ámbito, el de la concesión de obra pública de la ruta 27 hacia Caldera, la Defensoría explica que el Consejo Nacional de Concesiones –con base en respuestas obtenidas de ese ente– “no tiene el control sobre la demanda de la carretera a Caldera, desconoce qué está haciendo la concesionaria al respecto y pareciera tener poco o ningún control sobre las actuaciones de la empresa concesionaria”, dice el informe.
Taitelbaum agregó que era poco alentador que el Consejo no fiscalizará de buena manera lo que los usuarios pagan a Autopistas de Sol por concepto de peajes, que a la postre es lo que determina el plazo del contrato de concesión.
A la libre. De acuerdo con el informe de la Defensoría, de varias consultas que hizo a entidades públicas relacionadas con el sector vivienda, “una mayoría señaló que las listas de potenciales beneficiarios son conformadas por los desarrolladores de los proyectos”.
El documento también señala que “ni el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ni las entidades autorizadas como fiscalizadores del sistema ejercen una adecuada y exhaustiva revisión de los expedientes presentados.
El informe agrega que “la Junta Directiva del Banhvi aprueba los proyectos de vivienda con las listas de los beneficiarios presentadas por las entidades autorizadas, sin haber haber realizado los estudios técnicos correspondientes”.