En el 2008, se comprobó que una piñera ubicada en Siquirres, Limón, contaminó con tres agroquímicos el acuífero de El Cairo, que abastecía a 6.000 personas de tres comunidades del cantón.
Tras la verificación por parte del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) del daño –del cual se había advertido desde 1996– la empresa fue sometida a tres medidas cautelares, un cierre temporal en el 2009, controles de mitigación y el vaivén de 800 empleados.
Finalmente, en el 2012, las pruebas cruzadas arrojaron que ya no quedaban rastros del plaguicida.
Pasados seis años desde la intervención, el expediente de esta empresa piñera sigue abierto en el Tribunal Ambiental.
La razón es que no se ha podido realizar una valoración económica del perjuicio que ocasionó la compañía por la invasión de las áreas de protección y el mal manejo de las aguas residuales que fueron a dar a cauces y nacientes en La Francia, El Cairo y Luisiana, todos poblados de Siquirres.
Sin esa valoración, es imposible llevar a cabo un juicio administrativo para que la piñera pague por todo el daño ocasionado.
José Lino Chaves, presidente del TAA, y el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Édgar Gutiérrez, reconocen que esto no es más que una muestra de incompetencia estatal.
“¿Cómo es posible que un juicio, en el que se tienen las evidencias, esté varado durante años porque no hay un equipo técnico que pueda hacer la valoración? Es inaudito”, dijo Gutiérrez.
Pero este problema no afecta solo en el caso de la piñera de Siquirres, sino también de cualquier otra empresa, individuo o actividad que contamine el agua con sustancias o desechos.
El que no haya entidad alguna que haga este tipo de valoraciones significa que no hay quien dimensione, de forma integral, el estado ambiental previo y posterior al incidente, ni los recursos y servicios afectados.
A ese daño habría que darle un “riguroso” valor monetario, para lo cual es imprescindible un economista ambiental, explicó Shirley Soto, jefa de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca), dependencia del Minae.
“Sin la valoración, no vale la pena llamar a juicio, pues no podríamos cobrarles”, admitió Chaves.
Por eso es que a la piñera que causó los daños de El Cairo no se le ha forzado a pagar un solo colón por el deterioro que provocó al ambiente y a la población, mucho menos a asumir todos los gastos por transporte de agua para el consumo.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) estimó en ¢430 millones el costo de llevar el líquido con cisternas hasta el área afectada durante siete años.
Solo por prevención, el AyA sigue a cargo, aunque a regañadientes. Tanto Yamileth Astorga, presidenta del Instituto, como el gerente, Eduardo Lezama, insisten en que no les corresponde.
¿Y quién calcula? Darner Mora, del Laboratorio Nacional de Aguas; Lezama, gerente del AyA, y Rodolfo Lizano, director jurídico de esa entidad, alegan que a ellos no les compete calcular daños porque eso va “mucho más allá” del ámbito jurídico de Acueductos.
En criterio de José Lino Chaves, esa valoración debería estar a cargo de Digeca, porque el TAA carece de personal. Por su parte, Shirley Soto, de Digeca, alega que desde que se quedaron sin economista ambiental, en el 2011, les es imposible hacer valoraciones con la validez necesaria para sustentar eventuales condenas.
Por todo esto, ningún infractor pagará daños hasta que el Minae modifique su estructura interna y capacite personal para realizar esa labor. “Deberíamos tener el equipo para dar respuesta pronta. Ningún acusado tiene por qué esperar demasiado por un fallo; eso provoca incertidumbre e inseguridad”, reconoció el ministro de Ambiente.