Las compañías encargadas de dar servicios públicos están haciendo todo lo posible para librarse de los recibos impresos, por lo que estos están a punto [[BEGIN:INLINEREF LNCGNF20140901_0001]] de desaparecer.[[END:INLINEREF]]
La necesidad de ahorrar papel y de economizarse los gastos de entrega llevó a la mayoría de estas empresas a adoptar métodos alternativos para dar detalle a los abonados sobre el monto que deben cancelar cada mes.
Entre las opciones se incluye el envío del recibo vía mensaje de texto al celular, o por medio de un correo electrónico. Es posible hacer una consulta telefónica o mediante el sitio web de cada entidad; también tramitar en persona ante agentes recaudadores y agencias.
La mayoría de empresas consultadas coinciden en que el proceso de transición ha sido relativamente sencillo, satisfactorio, y que casi no se presentan reclamos por ello.
Uno de los pioneros del plan de sustitución fue, tres años atrás, el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados (AyA). Hoy, el 90% (531.000) de sus conexiones dejó de recibir datos impresos.
Solo hace falta incorporar 60.000 conexiones en los cantones de Desamparados, Aserrí y El Guarco, por lo que se espera que las sustituciones concluyan en noviembre.
Entonces, AyA se evitará la impresión de unos 591.000 recibos y el uso de 148 cajas de papel mensuales. Cada año, con el ahorro de 1.776 cajas de recibos, se evitará el gasto de más de 20 toneladas de papel, que implican la tala de 346 árboles.
Adriana Zamora, directora comercial de AyA, explicó que el 22% de sus abonados (la mayoría) prefieren recibir los detalles de la factura por mensaje de texto; le sigue el envío por correo, incorporado hace solo tres meses. Hoy, solo el 0,1% de clientes prefiere la impresión.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprueba estos planes, siempre que permitan al abonado conocer detalles de consumo histórico, multas, desglose de rubros y números de localización e identificación.
La mayoría de quejas que llegan a la Aresep son motivadas por problemas de facturación, y estas van, sobre todo, contra AyA.
Para lograr la baja de reclamos por retraso de facturas (los más repetitivos), la Aresep elaboró un reglamento para firmas distribuidoras de agua, que les exige dar a conocer el recibo al menos 10 días antes de que venza el plazo de pago.
Pero cada cliente debió elegir, de previo, el método de entrega que prefiere. Esta normativa se sometió a audiencia pública el 11 de agosto y entraría a regir en octubre.
Excepciones. El año pasado, tras acoger un recurso de amparo de un abonado de AyA –quien alegó que la emisión exclusiva de recibos electrónicos es discriminatoria–, la Sala Constitucional obligó a la entidad a hacer excepciones.
Desde entonces, solo quienes demuestren que no tienen acceso a Internet u otras tecnologías podrán seguir recibiendo su factura a domicilio (siempre que hagan el trámite de solicitud en persona).
Al menos en el caso de AyA, las suspensiones del servicio no aumentaron en la Gran Área Metropolitana (GAM) desde que se dejó el papel: aún se dan unas 1.000 al día.
Si el abonado no ha pagado dos días antes de que venza el plazo, AyA le entrega una alerta de suspensión a domicilio. Estas alertas de corte se estrenaron en marzo y cada día se envían unas 1.200.
Las entidades, en general, aplican excepciones al permitir la impresión a aquellos que lleguen a retirarla a las sucursales, ya que el papel sigue siendo requisito para concretar algunos trámites bancarios.
Jesús Sánchez, director de Servicio al Cliente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que se les complica sustituir todos los recibos pues más del 50% de su base residencial es rural. Aun así, aseguró, ya distribuyen cerca de 65.000 facturas electrónicas.
Elías Calderón, gerente de Coopesantos, explicó que la empresa arrancó con este proyecto de eliminar papel desde el 2012 y, desde entonces, imprime 6.844 facturas menos al mes. Aun así, reconoció que a los abonados les cuesta desapegarse del papel a la hora de pagar.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) advirtió de que dejará de imprimir todos los recibos, tanto de luz como de agua, a partir del próximo 1.° de enero pues hoy solo ha logrado concretar los envíos electrónicos a unos 10.000 de 75.000 abonados totales.
Carlos Murillo, de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), admitió que distribuir impresos les resulta demasiado costoso por las largas y pedregosas distancias con los 7.000 abonados eléctricos. Por ello, dijo, no los imprimen “del todo”.