Empresarios en cuyas flotillas aparecen buses con modelos alterados achacaron a los importadores y proveedores de las unidades la responsabilidad de lo ocurrido.
Autobuseros consultados aseguraron a La Nación que compraron las unidades cuando ya estaban en el país y sin percatarse de que algunas eran hasta 16 años más viejas de lo reportado.
De acuerdo con una denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas, unos 433 autobuses ingresaron al país en esa condición. De estos, al menos 17 estuvieron inscritos en una ruta de servicio público autorizado por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Ayer el viceministro de Transportes y miembro de ese órgano, Rodrigo Rivera, ratificó su posición de no investigar por la vía administrativa a las empresas involucradas hasta que las autoridades judiciales se pronuncien.
El caso está en investigación en las fiscalías de Alajuela y Limón.
De buena fe. Esteban Navarro, autobusero de San Vito en la zona sur, dijo que actuó de buena fe, pues no sabía de la alteración.
“No sabía el enredo que podía tener. En el momento en que nos llamen a un proceso de demanda, se darán los nombres de quienes lo ingresaron al país y pagaron los impuestos”, manifestó.
Agregó que el vehículo ya no está en servicio público.
Entre tanto, Carlos López, gerente de la empresa Tracasa, que da servicio a Siquirres, explicó que no se enteraron de la alteración porque compraron los buses bajo el sistema llave en mano, “es decir, que vienen inscritos y todo”.
“Cuando el Ministerio nos notificó, lo que hicimos fue quitar los autobuses de uso (eran de transporte de especial). Luego, los desarmamos y entregamos las placas”, aseveró López.
Una posición similar mantuvo el empresario Óscar Barquero, de la Compañía Carbachez, que brinda servicio en Palmares, Alajuela.
“Compramos una ruta y ahí venía ese bus, pero ya está para chatarra. Yo ni lo uso. Compramos otra unidad para sustituirlo”, afirmó.
Agregó que no recordaba el nombre del empresario al que le compró la ruta y el bus.