En ese momento, la tercera parte de los costarricenses actuales no había nacido, tener un celular era como tener ahora un avión propio y la dicotomía mariachis-pericos aún funcionaba para explicar la política nacional.
José María Figueres era presidente de la República y no consultor ni cuestionado; Juan Diego Castro era ministro y no abogado mediático; Laura Chinchilla era su viceministra y no la presidenta; y la Sala IV era cosa nueva.
En ese momento se firmó el último “secreto de Estado”.
Legal o indebido, abusivo u oportuno, el secreto rigió 78 días hasta que cayó una derogatoria con el argumento de “garantizar la confianza pública en las instituciones y la total transparencia” en los contratos que firmara el Estado.
Desde entonces, han abundado los acuerdos de confidencialidad, las gavetas o los pactos de silencio, pero nada de eso ha quedado plasmado en documentos formales como ocurrió aquel martes 30 de abril a las 8 de la mañana en el despacho de Figueres, cuando mandatario y ministro Castro firmaron el decreto número 25127-SP.
Quisieron que nadie conociera los archivos antidrogas y, sobre todo, detalles del Arsenal Nacional en momentos en que se impulsaba una compra millonaria de armas a Israel que después provocó una ola de cuestionamientos.
De a callado. “Se suscribió para proteger la información que es secreta en cualquier estado democrático, como es la atinente a su seguridad pública. Los ladrones y los narcotraficantes no debían conocer la capacidad de fuego de nuestros policías”, recordó Juan Diego Castro ante una consulta de este diario.
Al siguiente 17 de julio, sin embargo, un nuevo decreto derogó el “secreto de Estado”. Castro ya no era ministro de Seguridad sino de Justicia.
Quien firmó la derogatoria fue su sustituto, Bernardo Arce, quien apenas tenía dos semanas en el cargo, y el presidente Figueres. A ambos resultó imposible localizar este semana para consultarles sobre este tema.
“Yo no tenía ningún poder para impedirlo”, manifestó Castro, quien lo calificó como “una acción incoherente del Gobierno”.
Ahora, 18 años después, lo explica “como una maniobra del señor Arce para congraciarse con algunos medios de comunicación”.
La duda continuó. Así murió el último secreto de Estado que se registra en los archivos legales del país. Se derogó sin que los magistrados de la Sala IV hubieran resuelto una acción de inconstitucionalidad interpuesta por dos diputados opositores. No lo hicieron hasta el 6 de octubre de 1998, cuando rechazaron la impugnación por “improcedente e infundada”, se lee en el voto número 7121-98 de la Sala IV.
Los magistrados no entraron a analizar si el decreto firmado en Zapote tenía suficiente fuerza legal para decretar un “secreto de Estado”, es decir, una excepción a la libertad de información.
El abogado constitucionalista Manrique Jiménez, consultado sobre la posibilidad de instituir un “secreto de Estado” como se menciona en la Constitución Política, insistió en que solo puede declararse mediante una ley del Congreso.
Eso no se aplicó cuando la admnistración Arias quiso declarar confidencial la información sobre los bonos que compró el Gobierno de China ni con la información sobre la trocha fronteriza en este gobierno, cuyas autoridades intentaron manejarlo con sigilo.
En el primer caso hubo un acuerdo diplomático con China, el cual fue objetado por los magistrados de la Sala IV, quienes exigieron hacerlo público.
En el segundo caso, nunca hubo una declaratoria formal, aunque los jerarcas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aseguran que se pidió confidencialidad sobre los detalles de la trocha, pues el Gobierno argumentó que se trataba de un proyecto clave para la seguridad nacional, ante una supuesta invasión de Nicaragua a isla Calero.
Aunque uno de los ingenieros ahora cuestionados, Miguel Ramírez, aseguró que hubo un “secreto de Estado” sobre la trocha, ningún documento oficial muestra semejante declaratoria.