El viceministro de Egresos, José Luis Araya, designado por el ministro de Hacienda para hablar con La Nación sobre contrataciones públicas digitales, reconoce las bondades de esos sistemas, pero cree que aplicarlos requiere tiempo y voluntad. Aquí, parte de la entrevista.
Según la secretaria técnica de Gobierno Digital, digitalizar las compras públicas podría generarle ahorros al país de $1.000 millones. ¿Usted avala esas cifras?
No sé de dónde y cómo se sacó la estimación Gobierno Digital. Sería bueno que les pregunten de dónde sacaron ese cálculo porque es bastante elevado: $1.000 millones son ¢505.000 millones. Sería bueno saber de dónde sale el estudio.
El diputado Luis Fishman dijo ayer (martes) que en el 2009 el Banco Mundial estimó ahorros de $400 a $500 millones al digitalizar las compras. Entiendo que por ahí vienen las estimaciones de Gobierno Digital, y también por las experiencias de otros países.
Los números son bastante elevados. A mí, que tengo experiencia en estos temas de uso de recursos públicos, me suenan elevados. Para decir esos números, tiene que haber un estudio técnico que diga de dónde deriva ese potencial ahorro que se señala. Hay ahorros al hacer todo electrónico y cero papel, pero en esas magnitudes...
Ustedes tienen un sistema de compras electrónicas que ha generado ahorros significativos, sobre todo en convenios marco.
Efectivamente, en este momento tenemos convenio marco de llantas, suministros de oficina, boletos aéreos, servicios de limpieza, mobiliario de oficina y escolar para el Ministerio de Educación Pública (MEP), servicios de reciclaje y desechos electrónicos, y de materiales de construcción. Estamos por firmar un convenio marco para la compra de vehículos, y adjudicando compra de patrullas policiales y leasing de equipos de cómputo.
¿Esos sistemas sí generan ahorros?
Claro que sí nos generan bastantes ahorros. Como habíamos dicho, ya vamos por ¢3.100 millones de ahorros en precio y economías administrativas (2009-2011). Son recurso público que ya no tenemos que erogar.
¿Tienen estimaciones sobre cuánto sería el ahorro, si se generaliza a todo el sector público?
Es muy relativo. Por eso, los datos hay que ver cómo los sacan. Por ejemplo, Recope tiene una gran adquisición de bienes y servicios, pero la mayoría son combustibles, y ahí no podemos afectar el precio.
Indistintamente de si es una cifra más astronómica, como los $1.000 millones de Gobierno Digital, o más pequeñas, lo cierto es que las compras electrónicas han demostrado eficiencia, ahorro y transparencia en los procesos.
No hay duda. Eso es correcto porque, además, genera transparencia y mayor competencia a la hora de venderle al Estado, pues participa una mayor cantidad de proveedores y el público puede ver qué compra el Estado y a quién se lo adjudica. Genera mucha información y mucha transparencia.
¿Por qué, entonces, si esta herramienta tiene tantas ventajas, no se gira una directriz para que todas las instituciones la utilicen?
CompraRed tiene, al día de hoy, 80 instituciones utilizando el sistema de compras públicas. Nosotros vamos a ir instando a que hagan todas sus compras electrónicas. El año pasado, CompraRed generó 16.312 trámites en diferentes modalidades de contrato de bienes y servicios. Este es un sistema, a cero costo, que genera ahorro. Los convenios marco producen ahorro en recurso humano y administrativo.
Pero la mayoría sigue sin usar ese mecanismo.
Lo importante es que van a ir incorporándose al saber las bondades y tener nosotros licitaciones bajo convenios marco. Eso está sucediendo: se afilian más instituciones para mayor transparencia.
Es un sistema que tiene una década de existir y no tiene ni el 50% del sector público. ¿Hay forma de que se les pueda obligar a usar estos mecanismos? ¿Es viable?
Como todo tipo de plafatorma, al pasar una institución tiene que modificar procesos. Es lo que hemos venido haciendo. Hay un plazo de adaptación.
Pero tanto como para 10 años.
Acuérdese de que el sistema lo hemos venido fortaleciendo desde el 2001 e incorporando más entidades. Ya lo tenemos completo. Todas pueden (usarlo), nada más que no todas puede de una sola vez, se tiene que hacer una por una.
Sigo con la duda. ¿Es posible obligar a todas las instituciones a usar la plataforma electrónica, sea Mer-Link o CompraRed?
Creo que todas las instituciones están más interesadas. Cualquiera con un gramo de inteligencia va a decir: “Voy a usar ese sistema”.
¿Se necesitaría una ley para hacerlo obligatorio?
Uno puede limitar los alcances de la ley, pero yo creo, más bien, que, más que un asunto de ley, es de convencimiento, pero habría que ver si tiene que ver con autonomía. Aquí no es tanto esa materia (de ley), sino del convencimiento de que todas estas herramientas facilitan la labor (de compras).