Con el fin de proponer una alternativa de diálogo y llevar calma a Sardinal, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, se reunió este lunes con agrupaciones a favor y en contra de la ampliación del acueducto de esa comunidad para llevar agua a El Coco y Ocotal, en Guanacaste.
En ese lugar, el conflicto por la construcción del sistema ha incluido enfrentamientos con pedradas y hasta personas detenidas.
Los primeros en reunirse con la defensora fueron los vecinos a favor del proyecto, quienes prefirieron encontrarse a puerta cerrada en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Este se ubica a la par del Colegio Técnico Profesional de Sardinal, donde días atrás un grupo de técnicos que presentaría informes del proyecto fue encerrado por opositores, según denunció el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
De acuerdo con Solano, en ese primer acercamiento los vecinos dijeron que estarían "felices" de poder sentarse a dialogar con los otros grupos de la comunidad.
La segunda intervención (con los opositores) tuvo lugar en un sitio más público, específicamente en un restaurante a la entrada del pueblo, y se extendió por más de dos horas y media.
"Ya en la segunda reunión la gente que está en contra estuvo de acuerdo en iniciar un proceso de negociación. Ellos están pidiendo una carta de compromiso del Ejecutivo, específicamente del ministro Mauricio Herrera", explicó la defensora.
Solano aclaró que la Defensoría de los Habitantes no fungirá como mediadora en este proceso, sino que únicamente será observador.
Los vecinos de la comunidad plantearon el nombre de un mediador, quien incluso ya fue aprobado por la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, pero cuyo nombre no será revelado hasta saber si esta persona aceptará participar en el proceso.
Solano explicó que uno de los principales planteamientos de los pobladores es que se priorice el agua para consumo humano. Incluso, dijo, existe apertura a incluir pequeños y medianos empresarios.
Aunque en la discusión con la Defensoría los afectados no tocaron el tema de la cantidad de agua que se trasladaría desde el acueducto de Sardinal a las comunidades del Coco y Ocotal, varios vecinos consultados por La Nación aseguraron que esa es su principal preocupación en relación a la obra.
"Si es verdad todo lo que dicen, me preocupa que luego nos vaya a faltar agua porque ya pasó en otras comunidades", aseguró Lina Miranda, quien vive al frente de donde se realiza la instalación de la tubería.
Por su parte, Eunice Contreras, otra de las opositoras y quien asegura ser una de las líderes del movimiento comunitario, se quejó de que este lunes no se les tomó en cuenta para participar en la reunión con la defensora.
"A nosotros no se nos convocó, entonces lo que vamos a hacer es denunciar, porque no nos quieren escuchar", afirmó.
Contreras afirmó que en su caso no se oponen a que se lleve el agua a las comunidades costeras; el problema, según dijo, es la cantidad que se prevé trasladar.
"A lo que nos oponemos es que no ha habido transparencia, estamos en contra de la dimensión de la tubería, que es de más de medio metro de ancho. Lo que se quiere es regulación, nos preocupa que digan que hay agua para 25 años. Después de eso, ¿qué va a pasar?", dijo.
El AyA ha insistido en varias ocasiones en que el desarrollo cuenta con los permisos de viabilidad ambiental y estudios técnicos que garantizan agua suficiente para abastecer a estas comunidades.
La entidad informó que del acuífero de Sardinal habría disponibles para el aprovechamiento 440 litros por segundo, pero el nuevo sistema solo captará unos 70 litros por segundo.
El proyecto de ampliación del acueducto beneficiaría a unas 34.000 personas.
Dicha obra tiene un costo de ¢1.730 millones y será construida con fondos públicos de esa entidad.
El acueducto constará de un tanque de almacenamiento, las tuberías y el campo de pozos, y se estima que entre en operación en marzo del 2018.
El pasado 13 de noviembre, el AyA anunció una vez más que iniciaría la construcción del sistema, pero eso generó enfrentamientos e incluso actos de violencia.
Actualmente, la maquinaria se mantiene trabajando con vigilancia permanente de la Policía.
La defensora aseguró que en la comunidad existe "tensión social".