Un criterio de la Sala IV excluyó desde el año 2005 a los diputados de participar en el proceso de refrendo de concesiones de obra pública, lo cual deja sin efecto el reclamo que hace ahora la alianza opositora para que sea la Asamblea Legislativa quien decida si se da a una empresa privada el nuevo muelle de Moín, en Limón.
De acuerdo con el fallo 05651, la ley de Concesión de Obra Pública faculta al Poder Ejecutivo a hacer concesiones y el refrendo de contratos, por ende, le corresponde a la Contraloría General de la República como órgano técnico.
Esa sentencia se dio ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la entonces diputada Epsy Campbell.
A criterio de la Sala, “nada impide que, por medio de una ley marco, la Asamblea faculte al Poder Ejecutivo para que dé en concesión bienes públicos, sin que sea necesaria una aprobación para cada caso en particular”.
La discusión se reavivó el lunes cuando los diputados de oposición exigieron su derecho a refrendar, o rechazar, el contrato para construir la megaterminal de Moín.
Según los legisladores, la Contraloría debe declararse “incompetente” para refrendar, o no, el contrato de concesión a la gigante holandesa AMP Terminals. En su lugar, los congresistas determinarían si se aprueba el contrato.
Se llamó a Wálter Céspedes, diputado del PUSC, quien forma parte del grupo opositor, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
Roberto Gallardo, ministro de Comunicación, dijo que el fallo de la Sala le da la razón al Ejecutivo con respecto al modo que usó para concesionar el puerto. “La Sala fue absolutamente clara de que la Contraloría tiene absoluta potestad para refrendar. Aquí, lo que me parece es que hay una falta de preparación de los señores diputados”.
Luis Fishman, diputado del PUSC, coincidió con Gallardo en que debe ser el ente contralor el que refrende el contrato para Moín.