¿Está muerto el modelo de concesiones después del reciente fracaso del proyecto vial San José-San Ramón? ¿Será que el Estado no es capaz de sacar adelante los proyectos cedidos a terceros bajo esa figura legal?
Abogados, empresarios y ciudadanos coinciden en que el modelo de concesión de obra pública es válido y necesario en un país pobre. El problema es la incapacidad del sector público para completar un proceso transparente y con una rigurosa supervisión.
El sueño de que San Ramón tuviera una carretera más segura, amplia y con pasos a desnivel, se desmoronó en ocho años de trámites administrativos, ajustes de precios y enormes alzas en peajes.
Los ciudadanos de occidente no soportaron que el proyecto pasara de $197 millones en el 2005 a $524 millones este año. Además, están acostumbrados a pagarle al Estado ¢225 en peajes, pero la concesionaria brasileña OAS iba a cobrarles ¢2.000 por viaje de 58 kilómetros.
¿De quién fue la culpa?
Alejandro Batalla, abogado especialista en Derecho Administrativo, sostiene que la ley de concesiones no tiene deficiencias; el problema es cómo se implementa por parte de los funcionarios públicos.
“La Administración Pública parece que es totalmente incapaz de gestionar este tipo de ley” , dijo en declaraciones a La Nación.
Según sostuvo, el modelo es totalmente válido y exitoso en países como Costa Rica, que si hiciera las obras por cuenta del Estado incurriría en más endeudamiento y arriesgaría su competitividad.
Jaime Molina, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), opina que los funcionarios públicos deben mejorar los procesos de contratación para evitar que sean engorrosos.
“La deficiente elaboración de los carteles de licitación es una debilidad que resta competitividad al país, cuesta dinero y fomenta el despilfarro y la ineficiencia”, dijo en un comunicado de prensa.
Precisamente, luego de superar años de trámites administrativos, se mantienen vivas la concesión de la carretera San José-Caldera y la construcción del aeropuerto de Liberia, en Guanacaste.
Apenas está caminando la construcción de la terminal granelera de puerto Caldera y sin banderazo de salida la terminal de contenedores de Moín.
¿Deficiencias de la ley? Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, sostiene que uno de los problemas del modelo de concesión viene desde la ley.
Según cita, es discutible que se permita que el concesionario elegido por licitación pública pueda cederle el contrato a un tercero que no participó en el proceso.
“No necesariamente se le exige al nuevo concesionario, vía contratación directa, los mismos requisitos y antecedentes que al adjudicatario original por la vía de la licitación pública. De esta forma, no solo se da la burla al alcance y sentido de la licitación pública, sino que se favorecen negocios que pueden ser contrarios al interés público”, advierte Jiménez.
Luis Barrientos, exdiputado del Movimiento Libertario y uno de los impulsores de las reformas a la ley de concesiones que hoy está vigente, reconoce que la norma podría ser sujeta a mejoras.
Entre ellas, que haya más controles en la cesión de derechos de los proyectos.