La falta de personal administrativo y de abogados obliga al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) a enfrentar una acumulación de impugnaciones a multas de tránsito.
En estos momentos, la institución cuenta con 40 abogados quienes son los encargados de atender 160.000 impugnaciones, además de las que ingresan a diario.
En todo el país existen 11 unidades de impugnación, ocho que fueron avaladas por la Junta Directiva de la entidad y tres que aún no tienen la autorización.
Silvia Bolaños, exdirectora del Cosevi, indicó que estos puestos fueron creados sin considerar que las personas que resuelven esos trámites requieren el apoyo de funcionarios administrativos.
“Reorientamos plazas de algunos departamentos a algunas unidades, no a todas, porque sería como vestir un santo y desvestir otro”, manifestó.
Este sistema pasó en el 2010 a ser un proceso administrativo del Cosevi y, al comienzo, estuvo conformado por solo 18 juristas.
Álvaro Bustamante, coordinador general de las unidades de impugnación, dijo que con el transcurso del tiempo las cosas han ido mejorando, aunque reconoció que aún las condiciones no son las “ideales” u “óptimas”.
Apelaciones. A esta situación se suma la problemática de que un 54% de las sanciones en carreteras son apeladas por los usuarios.
Esto provocó que desde el 2008 la institución dejara de percibir cerca de ¢5.000 millones, de los ¢10.000 millones presupuestados.
El faltante impacta los programas de seguridad vial, la compra de semáforos y el pago de una parte de la planilla de policías de tránsito.
Asimismo, entre el 2010 y el 2012, el Cosevi no pudo resolver la mayoría de impugnaciones, tras varias acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la antigua ley de tránsito ante la Sala IV .
No obstante, la exdirectora del Consejo explicó que, con la nueva ley, ha disminuido la cantidad de reclamos que presentan los usuarios, lo que a su vez produjo una reducción de trabajo para el personal.
Posible solución. Bolaños, la nueva viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) , aseguró que “entiende” la inquietud de los funcionarios por la falta de personal. Debido a esto, anunció que la institución se encuentra gestionando más plazas.
No obstante, la entidad debe realizar un análisis de las cargas de trabajo institucional, pues así lo solicitó la autoridad presupuestaria.
“Estamos haciendo el estudio, por lo menos de las unidades con más urgencia. Hay que recordar que teníamos dos directrices presidenciales que no nos autorizaban a contratar ni a crear puestos ni a utilizar las vacantes”, expresó.
La institución buscó otra salida al problema, por medio del teletrabajo que, actualmente, les brinda la oportunidad a 12 abogados de poder laborar desde sus hogares.
También, el Consejo optará por digitalizar los expedientes. Esta opción facilitaría la labor que hacen los abogados de la institución.