La Corte Suprema de Justicia impulsa una modificación a su ley orgánica para eliminar la norma que la obliga a pagar el 40% del salario a los empleados que se incapaciten por enfermedad.
La reforma le permitiría un ahorro de unos ¢2.750 millones al año.
Hoy, cuando un funcionario del Poder Judicial se ausenta por un quebranto de salud, obtiene una licencia con goce de sueldo completo. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le cubre un 60% y su patrono el 40% restante.
Además, sobre esos últimos ingresos se le calculan otros extremos laborales como salario escolar y aguinaldo.
El Poder Judicial cuenta con 10.382 trabajadores fijos.
De aprobarse el cambio, el incapacitado solo recibiría el 60% del subsidio que, por ley ,debe girarle la CCSS o el monto correspondiente cuando lo cubra el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La Corte informó de que la iniciativa forma parte de un grupo de “medidas urgentes de contingencia económica”.
Esas disposiciones procuran un impacto financiero importante con el fin de utilizar los recursos de una forma más racional y eficiente, especialmente en tiempos de crisis fiscal como la que atraviesa nuestro país, informó la Corte mediante su oficina de prensa.
Los magistrados están estudiando la reforma desde hace dos semanas. La discusión en dicho foro continuará el próximo lunes, a partir de las 10 a. m.
El plan es adversado por las asociaciones y sindicatos de empleados, los cuales ya fueron consultados por la Corte Plena.
“Nosotros lo que vemos es un detrimento en derechos o beneficios que han tenido los trabajadores. Beneficios, no privilegios”, manifestó ayer Francisco Gutiérrez Vivas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
Esa organización agrupa a 2.600 servidores y procura que la Corte incluya sus observaciones y abra una mesa de análisis y discusión con los gremios de empleados antes de aprobar la reforma.
Recorte. El año anterior, el Poder Judicial tramitó un total de 24.717 incapacidades, con un promedio de siete días cada una.
Por esas licencias, la entidad giró ¢2.759 millones, correspondientes al 40% del salario. Esa parte del sueldo se usa también para estimar el aguinaldo y salario escolar.
Por esa mismas licencias, la Caja desembolsó ¢4.139 millones, correspondiente al 60% del subsidio.
De acuerdo con la Corte, la propuesta para modificar su ley surgió a mediados del año anterior, cuando la Procuraduría General de la República le exigió a la Caja excluir el subsidio por incapacidad del cálculo de otros extremos laborales como salario escolar y aguinaldo.
La institución hizo el cambio y logró reducir las incapacidades en un 54% . Esto generó un ahorro de unos ¢21.000 millones. La misma ruta siguieron luego el ICE y otras entidades.
El presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, intentó aplicar el mismo criterio en esa institución, pero no fue posible porque la ley vigente reconoce el tiempo de incapacidad como parte del sueldo.
Ante esta circunstancia y considerando la difícil situación económica que atraviesa el Poder Judicial, impulsó el cambio en la legislación, informó la Corte.
La iniciativa de Mora incluye reformas a varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Carrera Judicial, con el fin de moderar el gasto y mejorar la eficiencia.
Según los cambios propuestos, solo las licencias por maternidad mantendrían el goce de sueldo.
Una vez que la reforma sea avalada por los magistrados de la Corte Plena deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación. Colaboró: Irene Vízcaíno.