A pesar de que la Sala Constitucional resolvió ayer que la Contraloría sí puede imponer suspensiones sin goce de salario, de 8 a 15 días hábiles, a los alcaldes y los funcionarios municipales, la Contraloría alega que aún se mantiene atada de manos para resolver otro tipo de procesos administrativos.
Según el ente contralor, otra acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver, lo obliga a mantener suspendidos 213 procedimientos administrativos para sancionar a 526 personas.
Dicho recurso fue presentado por el excalde de Atenas Wilberth Aguilar Gatjens, quien fue destituido en el 2011 por recomendación de la Contraloría General de la República, tras encontrar que Aguilar autorizó el pago por adelantado a una empresa que construyó aceras en el distrito primero de Atenas.
La contralora Marta Acosta aseguró que con la sentencia de ayer se valida la potestad sancionatoria de la Contraloría y añadió que esperan que esta tercera acción se resuelva de manera pronta.
Uno de los fallos dados a conocer ayer, corresponde a una acción presentada por el exalcalde y excandidato presidencial de Liberación Nacional (PLN) Johnny Araya, luego de que la Contraloría recomendara suspenderlo durante 15 días , en el 2010, por autorizar supuestos sobrepagos a la empresa que ordenó el catastro del cantón de San José.