La Contraloría General de la República, rechazó el recurso de objeción planteado por la empresa Riteve SyC en contra del proceso impulsado por el Gobierno para seleccionar un nuevo operador que brindará el servicio de inspección vehicular mediante la figura de permisionario temporal.
“Analizada la gestión se resolvió rechazar de plano, en razón de que el recurso de objeción al cartel es admisible para ser conocido por la CGR, según la normativa legal vigente, únicamente en caso de licitaciones públicas, siendo el trámite objetado el trámite de un permiso de uso en precario”, informó.
El criterio de la Contraloría, enviado este martes, responde además a una serie de solicitudes planteadas por la empresa española, las cuales están relacionadas directamente con el modelo seleccionado para dar continuidad al servicio, así como a deficiencias en el pliego del concurso y el proceso en general.
Riteve pidió, por ejemplo, que se ordenara al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) apegarse a las figuras legales, haciendo referencia a la intención de brindar el servicio mediante un permiso de uso en precario.
En razón de esa petición, solicitaban la anulación del cartel, para corregir una serie de defectos.
Asimismo, indicaban que en caso de que se considerara improcedente el recurso, planteaban que la División de Contratación Administrativa se pronunciara de oficio, sobre lo expuesto en este recurso.
Sobre esos puntos, la Contraloría indicó que las primeras solicitudes fueron resueltas con el rechazo al recurso de objeción, pues no procede para este tipo de mecanismo.
En relación con el pronunciamiento de oficio sobre las inconsistencias señaladas por Riteve, la División de Contratación advirtió que en el documento presentado se formulan alegatos diversos como, por ejemplo, el mecanismo utilizado por la Administración para tramitar el permiso de uso o las condiciones específicas del cartel, y que la denuncia no puede utilizarse como una alternativa ante el eventual rechazo de las gestiones presentadas.
“Indicamos que si el interés de esa empresa es denunciar algún aspecto específico, dentro de las competencias del ente contralor, deberán utilizarse los canales institucionales dispuestos para ello y presentarse la gestión pertinente ante el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General”, añade el oficio.
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La gestión
La semana pasada, Riteve cuestionó el modelo anunciado por el Gobierno y envió una serie de consultas y solicitudes, entre estas, la gestión ante la CGR y el MOPT.
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Entre los puntos señalados por la empresa destacaron:
- Legalidad del uso de la figura de “Permiso en Precario” para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
- Legalidad de la omisión de requisitos que aseguran calidad del servicio, específicamente lo relacionado con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
- Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
- No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
- Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
- Ausencia de detalles respecto a las condiciones de sustitución y adquisición de equipos.
- Plazos de difícil o imposible cumplimiento ante documentación extranjera que requiere ser presentada como requisito de oferta, afectando la posibilidad de participación de los oferentes (11 días hábiles para presentación de documentos consularizados o apostillados).
- Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad. (Se solicita una experiencia de 2 millones de revisiones de vehículos en 10 años, cantidad que representa apenas poco más de lo que se inspecciona en Costa Rica en un año).
- Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.
- Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.
La operación de Riteve en el país finaliza este viernes 15 de julio a las 4 p. m. tras 20 años de funciones.
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A partir de ese momento, todos los equipos, instalaciones y terrenos pasarán a manos del Estado.
Durante dos meses (según lo estimado por el MOPT), no se prestará el servicio de inspección, pues es el tiempo en el que prevén tener lista la selección de la nueva empresa.