La Contraloría General de la República (CGR) rechazó ayer, por segunda vez, la intención del Gobierno de pagar el finiquito a la firma OAS con dinero de Japdeva.
En esta ocasión, la Contraloría dijo no a un recurso de reconsideración elevado por el Ejecutivo.
El Gobierno pretendía echar mano a fondos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para honrar el compromiso con OAS, firma brasileña que tenía a cargo el cancelado contrato para ampliar la vía San José - San Ramón.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) utilizaría ¢15.100 millones de Japdeva, para completar el pago de ¢18.600 millones a OAS, tras dejar sin efecto el contrato.
No obstante, el ente contralor considera que el movimiento es ilegal pues “podría lesionar” la Constitución Política, así como la autonomía de Japdeva.
Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro de la Junta Directiva del CNC, dijo el martes anterior que si la Contraloría rechazaba esta petición el Gobierno tendría que usar un plan B.
Gallardo agregó que se usarían dineros del mismo CNC para hacer frente al pago.
El Estado está obligado a girar $35 millones a OAS antes del 15 de marzo próximo. El plazo responde al compromiso de la presidenta de la República, Laura Chinchilla.
El Gobierno solo pagó $6,5 millones en diciembre. De no haber desembolso, el país corre el riesgo de pagar un monto mucho más alto.