La Contraloría General de la República recomendó que todos los esfuerzos del Gobierno Digital se concentren en una sola instancia, para evitar la dispersión que enfrenta el proyecto en la actualidad.
El Gobierno Digital engloba una serie de iniciativas para facilitar el intercambio de información y servicios entre la Administración y los ciudadanos, a través de medios electrónicos.
Según un informe de la Contraloría, el Poder Ejecutivo ha realizado acciones en esta línea, pero “tales esfuerzos carecen de la articulación, coordinación e integración necesarias”.
Sin embargo, eso significó la creación de muchas instancias, con objetivos similares.
Precisamente, el informe cita a la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Conatic), la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital (CIGD), la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Viceministerio de Telecomunicaciones y las rectorías de telecomunicaciones y de tecnologías de información.
Esto “no ha resultado favorable, no solo porque esa multiplicidad dificulta los procesos relacionados, sino también porque esas instancias no han funcionado como se debe y el Ejecutivo carece de una figura líder responsable de la integración, coordinación y vigilancia tanto de la emisión e implementación de la política pública como de la planificación y ejecución de los proyectos asociados”, resume el informe DFOE-IFR-IF-5-2012.
Ante estas conclusiones, Alicia Avendaño Rivera, directora de Gobierno Digital, sostuvo que la Contraloría sí reconoce los esfuerzos de la Secretaría Técnica por “impulsar, asesorar y desarrollar” proyectos que simplifiquen trámites de los ciudadanos.
Empero, acepta que ya ha presentado propuestas para mejorar la estructura del proyecto.
“Como entidad, hemos externado al Poder Ejecutivo sugerencias sobre cuál sería la estructura organizativa idónea para Gobierno Digital, ya sea dentro del ICE, como parte de Racsa, o como una agencia de infocomunicaciones creada por ley”, indicó Avendaño en un correo electrónico.
Empero, aclaró que la decisión final sobre la estructura le competerá a la Presidencia de la República y no indicó cuándo se tomarían las decisiones.
Compras en línea. El informe también cuestiona que el Gobierno utilice dos plataformas para compras en línea (Mer-Link y CompraRed), porque esto conlleva “una doble inversión de recursos, para solventar el mismo requerimiento”.
Al respecto, Avendaño coincidió con la Contraloría en que debería existir una sola plataforma para compras, y que esa será Mer-Link.
En su defensa, dijo que el programa le permitió al Estado ahorrarse $12.000 millones por diferencias de precio y la conformación de una base de datos con 5.000 proveedores inscritos.
“No obstante, somos conscientes que la decisión de designar una plataforma como única es competencia del Poder Ejecutivo. Por nuestra parte, podemos afirmar que Mer-Link está preparado para darle servicio a cualquier entidad”, declaró Avendaño.