La Contraloría General de la República investiga a once funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por un pago adelantado a la telefónica china Huawei, proveedora de la red de telefonía celular 3G.
El ente contralor indaga por qué la Junta de Adquisiciones del Instituto autorizó en el 2010 girarle a la firma asiática $4,6 millones por 126 radiobases contratadas, pero que aún no habían sido instaladas ni estaban operando.
Dicho giro se hizo con ocho meses de antelación y luego de modificar unilateralmente el contrato establecido con Huawei.
La investigación se abrió ante una denuncia presentada, en junio del año 2011, por el diputado socialcristiano Luis Fishman.
Fishman requirió la fiscalización de 12 aspectos relacionados con la contratación a la empresa china de una red celular de tercera generación (3G).
Entre los investigados figuran Abraham Madrigal, quien ocupaba la gerencia general del ICE y presidía la Junta de Adquisiciones y Claudio Bermúdez, en ese entonces subgerente de Telecomunicaciones del Instituto.
También aparecen Clemencia Barrantes, entonces subgerente de Gestión Administrativa; y Luis Enrique Pacheco, director de Proyectos de Electricidad, quien asistió a la sesión en la cual se aprobó el pago a Huawei, en representación del subgerente de Electricidad, Gravin Mayorga
Asimismo, se citan al subgerente de Finanzas, Luis Mauricio Moreno; el director de Proveeduría, Waldemar Núñez; el encargado del proyecto Red 3G, José Pablo Blotta; y el director de la División de Redes y Sistemas, Iván Flores.
Completan la lista Illiana Rodríguez, directora de Contratación Administrativa; Francisco Rojas, asesor legal de esa dirección; y Francisco Salas, director del proyecto SMA 3G.
Bermúdez, Madrigal y Pacheco manifestaron ser respetuosos de la investigación de la Contraloría y de las medidas cautelares. No fue posible conseguir el criterio de los demás involucrados, a quienes se les intentó localizar por diversas vías.
En trámite. Mediante su oficina de prensa, el ente contralor confirmó que sigue un procedimiento administrativo ordinario por eventual responsabilidad administrativa y civil en el caso de las radiobases.
En razón de las eventuales responsabilidades civiles, agregó, se dictaron medidas cautelares contra los involucrados.
Según pudo constatar La Nación, dichas medidas consisten en anotaciones sobre fincas, viviendas, vehículos y hasta nichos de 10 de los involucrados en el caso.
De esta forma, la Contraloría procura asegurarse cómo cobrarles en caso de que se les declare responsables.
Bermúdez no registra bienes, pues en enero traspasó dos propiedades a una sociedad anónima.
Los investigados deben comparecer en una audiencia oral y pública los días 7, 8 y 9 de noviembre.Colaboró:Irene Vizcaíno